Blanqueo de capitales
La jueza deja libres a 34 de los detenidos el 25-S
La magistrada les imputa delitos de atentado y desórdenes públicos
MADRID- Treinta y cuatro de los 35 detenidos el pasado martes por los altercados frente al Congreso quedaron ayer por la noche en libertad, aunque imputados por los delitos de atentado o desórdenes públicos, tras declarar en los Juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid, ante la titular del Juzgado de Instrucción número 8. Pasadas las diez de la noche, la magistrada acordó también prisión para el otro detenido, aunque eludible bajo fianza de 1.000 euros, confirmaron fuentes jurídicas. En cuanto al menor arrestado en los incidentes, está a cargo de la Fiscalía de Menores.
Y es que aunque el Ministerio del Interior daba por hecho que los detenidos pasarían a disposición de la Audiencia Nacional –imputados por un delito contra las Instituciones del Estado– ninguno de ellos puso ayer un pie en la sede del tribunal. Tras una mañana pródiga en dimes y diretes, el juez de guardia, Santiago Pedraz, recibía pasada la una del mediodía el atestado policial en el que el comisario jefe de la Brigada Provincial de Información le daba cuenta de la detención de 35 personas en los incidentes registrados. Pero en la relación de los posibles delitos cometidos por los arrestados («atentado, lesiones, resistencia y desobediencia y desórdenes públicos») en ningún momento se hacía referencia a los únicos que justificaban la competencia de la Audiencia Nacional en el asunto, perpetrados contra las Instituciones del Estado (en este caso, la sede del Congreso). Por tanto, el magistrado dictó a renglón seguido una providencia en la que instaba a la unidad policial a «actuar en consecuencia respecto de los mismos». Es decir, ante la falta de competencia de la Audiencia, Pedraz enseñaba el camino hacia los juzgados ordinarios de Plaza de Castilla.
Por otro lado, dos de los ocho imputados como promotores de la protesta frente al Congreso han pedido a Pedraz el archivo de la causa argumentando que la concentración estaba autorizada. La Fiscalía ya se ha opuesto a la medida, que previsiblemente será también rechazada por el juez.
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