Espasmo energético

 
 

El Gobierno socialista sólo aborda las cuestiones energéticas cuando -como dice el refrán acerca de Santa Bárbara- los truenos de una crisis energética empiezan a sonar. El Gobierno, al calor de la crisis geopolítica en el norte de África y Oriente Medio, se ha lanzado al anuncio precipitado de medidas irreflexivas como la disminución de los límites máximos de velocidad en autovías y autopistas. Medidas ocultas, eso sí, bajo el disfraz del ahorro energético. Medidas que responden cabalmente a una crisis, pero no a la derivada de las revueltas políticas en algunos países productores de petróleo, sino a la crisis de ideas de un Gobierno en retirada. No es la primera vez que un Gobierno en España reacciona con mayores dosis de intervencionismo e ingeniería social ante aumentos del precio del petróleo. Baste recordar que un tardofranquismo en descomposición adoptó en 1974 medidas similares con parecidas argumentaciones ante la crisis del petróleo de los años setenta. Del mismo modo, sólo cuando la presión de los mercados y la situación financiera de las empresas eléctricas hacían insostenible la acumulación de más déficit de tarifa, el Gobierno actuó sobre las primas a las energías renovables de manera precipitada y con medidas erróneas que pretendían -en un afán tan inútil como contraproducente- cambiar la historia de sus desafueros anteriores. Este proceder sólo ha traído consigo inseguridad jurídica, desconfianza internacional, disminución de inversiones y el producto acreditado de toda esta incertidumbre: más desempleo. Nadie puede cuestionar que la seguridad de abastecimiento y el ahorro y la eficiencia energética son ámbitos cruciales de la política energética. De hecho debían haber sido importantes mucho antes de que sonaran los truenos del alza de precios energéticos y deberían seguir siéndolo después. Por ello resulta más que cuestionable el enfoque precipitado que, desde el Gobierno socialista, se le ha dado a estas cuestiones. La alternativa por suerte existe y es conocida: una verdadera estrategia energética nacional que se plantee objetivos a largo plazo, coherentes con las aspiraciones de prosperidad y bienestar del país, y medios adecuados para su consecución. Frente a las respuestas espasmódicas hay que tomar medidas estructurales de refuerzo de la seguridad de abastecimiento energético y de la competitividad en un país que, como España, es el segundo más dependiente energéticamente del exterior de entre las grandes economías de la UE. Antes de que comenzasen las revueltas en el norte de África España ya llevaba varios años sufriendo una crisis de competitividad destructora de empleo. El mayor nivel de dependencia energética de nuestro país hace que el encarecimiento de los precios de las fuentes de energía primaria tenga en España un impacto más severo sobre la competitividad. Si a este mayor impacto negativo añadimos el encarecimiento de la energía eléctrica derivado de erróneas políticas de fomento sin control de fuentes de energía cara -y que se nos pasan al cobro en el peor momento de la crisis-, tenemos un cóctel explosivo que en nada ayuda a asentar unas perspectivas de crecimiento sostenido y de creación de empleo como la que los españoles demandan. Verdaderas medidas estructurales de ahorro, eficiencia y disminución de la dependencia energética son las que permitirán mitigar el impacto sobre la competitividad de fenómenos episódicos de incremento en el riesgo geoestratégico así como, fundamentalmente, preparar al país frente a un horizonte previsible de encarecimiento estructural de la energía. En estas decisiones nos jugamos una parte importante de nuestra prosperidad futura. Por todo ello, y entre otras medidas, resulta imprescindible afrontar una modernización del sector del transporte en España que dote de mayor competitividad al transporte ferroviario de mercancías y refuerce el uso de modernas plataformas logísticas. Las administraciones públicas deben ofrecer un marco de agilidad administrativa y mostrar firmeza en la política exterior de modo que se permita a las empresas petrolíferas explorar con confianza los potenciales yacimientos de petróleo y gas eventualmente localizados en las aguas cercanas a las islas Canarias. Asimismo, la política exterior debe facilitar mayores opciones de diversificación en los abastecimientos energéticos. Finalmente, la política de I+D debiera priorizar aquellos programas nacionales dirigidos a reducir la dependencia y fomentar la eficiencia energética. Pero para que todo esto sustituya a la imprevisión claramente hace falta el cambio político que los españoles demandan desde hace tiempo.