Un abogado relaciona al comisario de la Policía Judicial con los pagos de Roca

 El letrado, Antonio Urdiales, ha destacado en la quinta sesión del juicio "lo poco que tardaron los esforzados funcionarios de la Udyco en identificar por los acrónimos a otras personas y, cuando se trata de identificar a un alto funcionario de la Policía que responde a las iniciales J.A.G., no sabemos quién es".

Sin embargo, "en Internet se introducen las siglas y lo saben hasta los porteros de las comisarias", según Urdiales, que ha añadido que "con estos mimbres, no se trata de otro que el comisario jefe de la Policía Judicial, Juan Antonio González", y que "si de otra persona se tratara, ya estaría más que detenido".

Tras la sesión, el abogado ha reiterado a los periodistas que "con el perfil que dibujan el fiscal y el juez instructor, de un alto cargo de la Policía que responda a las iniciales J.A.G., no hay más que uno, que es Juan Antonio González". Ha agregado que, "si en lugar de ser el comisario jefe de la Policía Judicial, llega a ser un empresario, estaría detenido", porque "por muchos menos indicios se ha detenido a empresarios".

Asimismo, se ha preguntado "por qué desaparecieron diecisiete archivadores en noviembre de 2005", "cuál era su contenido"y "si había nombres que a Interior no le interesaba que salieran".

Los abogados de las defensas han continuado hoy exponiendo las cuestiones previas, en las que han coincidido en solicitar la nulidad de las actuaciones y en criticar la actuación del primer juez instructor de la causa, Miguel Ángel Torres.

El letrado Antonio de Torre, que tiene entre sus representados a los empresarios José María González de Caldas y Miguel López Benjumea, ha asegurado que ha habido "una sospecha de estigma de parcialidad desde el inicio"y ha criticado los "esfuerzos"del juez Torres "para quedarse con la causa".

El letrado Miguel Bajo, abogado defensor del ex concejal Tomás Reñones, ha asegurado que en el caso "no había un juez instructor, sino un jefe de la Policía Judicial", en alusión a Torres, e Ignacio Ayala, que representa al empresario Eusebio Sierra, ha hablado de una "injerencia masiva en los derechos fundamentales".

El juicio del "caso Malaya"comenzó el pasado 27 de septiembre con 94 de un total de 98 procesados, ya que uno está enfermo -el tasador José Mora- y otros tres se encuentran en busca y captura: el empresario José Manuel Carlos Llorca y los ex ediles del Ayuntamiento de Marbella Francisco Javier Lendínez y Carlos Fernández.