La nueva tasa de Inspección de Edificios afectará a 24000 familias

SEVILLA- La oposición discrepa sobre los métodos de Zoido en materia de vivienda. Tanto PSOE como IU recuerdan al Gobierno municipal que los «desahucios» se han convertido en el tercer problema de los sevillanos, siempre por detrás del paro, y que la «caída libre» del plan de Emvisesa supone un perjuicio para los 15.000 demandantes de vivienda protegida. De ahí que en el Pleno de mañana ambos grupos planteen mociones encaminadas a contrarrestar una consecuencia más de la crisis.

Juan Espadas, portavoz socialista, planteará la posibilidad de que Emvisesa suscriba un convenio de colaboración con entidades financieras con el objeto de facilitar la financiación de la opción de compra ofrecida a los inquilinos de 83 viviendas protegidas de Torreblanca (Torregrosa), tal y como ya hizo la Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA), y susceptible de aplicarse a otros casos. La cuota no ha de superar en más de un 50% la cantidad que paga el inquilino por el arrendamiento y entre las ventajas se incluyen la exoneración de comisiones de apertura, cancelación anticipada y los aranceles notariales que originen la escritura. Del precio establecido se reducirían porcentajes en función del estado de la vivienda o la regularidad en el pago y la renta abonada. La opción de compra vence el 11 de mayo en principio.

El delegado de Urbanismo se defendió esgrimiendo que «sólo un 13% de los inquilinos» han mostrado interés en la opción de compra y se negó la opción utilizada por la Junta: «No está en manos de Emvisesa suscribir convenios que supongan un incremento del riesgo financiero inmobiliario».

Por su parte, Izquierda Unida plantea que Emvisesa recupere su misión social y sugiere que las familias en régimen de alquiler que por causas económicas no obtengan más del 1,5 del IPREM, puedan modificar su renta de arrendamiento al 5% de sus ingresos; y que aquellas que por los mismos motivos no puedan abonar la renta puedan seguir disfrutando de su vivienda durante seis meses acordando con Emvisesa el abono en un plazo no superior a 36 meses.

Además, el PSOE solicita que se suprima la nueva tasa de la ITE (Inspección Técnica de Edificios) incluida en el plan de ajuste y que supone una «carga adicional a familias de barrios desfavorecidos». Espadas recordó que en julio de 2011 se acordó «por unanimidad» de los grupos políticos prorrogar un año el plazo de aplicación de estas inspecciones y pide al PP que sea «sensible» y vuelva a aplazarlo. El líder socialista estima que al menos 24.000 viviendas se verían afectadas por el pago de un impuesto nuevo (parejo al que acarrea la inspección en sí), especialmente gravoso para las viviendas unifamiliares, al precio de 0,55 euros el metro cuadrado. De este modo, vecinos de Torreblanca y Bellavista tendrían que pagar cantidad cercanas a los 200 euros, aunque la media sería de 100. El Ayuntamiento apunta a que se producirán unos ingresos de 200.000 euros anuales, mientras que el PSOE estima que si la totalidad de las viviendas llamadas a realizar la ITE la llevaran a cabo los ingresos alcanzarían entre ocho y nueve millones de euros.Vílchez explicó que «debido a la falta de financiación y a la deuda contraída fruto de la mala gestión anterior» se ven obligados a pedir que se pague parte del servicio para no subir los impuestos. «Se está cobrando un precio menor al coste», dijo el delegado de Urbanismo.

Torrijos recordó que en el año de gobierno de Zoido el paro en la ciudad ha crecido en 10.000 personas y calificó de «falacia» que los desahucios de Emvisesa fueran iniciados en la etapa de Monteseirín, como indicó el Consistorio, igual que culpar a la Junta de la paralización de los talleres de empleo por la falta de garantías de las subvenciones, cuando «la junta nunca ha pagado antes sino a posteriori», y que se ha dejado de contruir vivienda protegida.

IU idea una red de cocinas solidarias y el PP le recuerda las «mariscadas»
Desde la oposición se plantearán otras cuestiones en el Pleno. Por ejemplo, Torrijos sugiere «sin ánimo de confrontación» la creación de una red municipal de cocinas sociales con la que dar asistencia a las familias afectadas por la crisis. El presupuesto oscilaría entre los 15.000 y los 18.000 euros. IU plantea que la iniciativa parta del distrito Cerro-Amate y se expanda. Desde el PP se le recordó al portavoz comunista que el Gobierno municipal ha ampliado en un 10% las aportaciones a los comedores e incluido nuevas subvenciones. «Torrijos podía haber invertido el dinero de sus mariscadas», le respondió Dolores de Pablo-Blanco.