El Govern amenaza con rebajar las ayudas para los usuarios de peajes

BARCELONA- Del polémico #novullpagar de los usuarios al posible #nomasayudas de la Generalitat. El debate sobre el pago de las autopistas catalanas volvió ayer a la palestra después de que la Generalitat alertase de que a partir del 1 de septiembre se revisará a la baja el sistema de bonificaciones que aplica en los peajes si el Gobierno no salda su deuda de 41,2 millones de euros, acumulada entre 2011 y este año, según el Govern. Tras una reunión de la conselleria de Territorio y Sostenibilidad con los alcaldes de los municipios de Terrassa, Mollet y Alella, el secretario del departamento, Damià Calvet, explicó que los «impagos» del Ejecutivo «ponen en riesgo» un sistema de ayudas que el Govern estrenó en enero y que puede tener los días contados.

Desde que comenzó el año, la Generalitat ejecuta un descuento del 40 por ciento sobre el precio de los peajes a los conductores de los vehículos en los que viajan tres o más personas y otro 30 por ciento para los que conducan turismos que contaminan menos o cruzan por el peaje más de 16 veces al mes. Los alcaldes de los municipios afectados esperaban salir del encuentro de ayer logrando la gratuidad total para los que pasen más de 16 veces a la semana, pero la conselleria aguó las esperanzas de los consistorios.

El Govern no sólo no apostó por más rebajas, sino que puso en duda el futuro de las bonificaciones –sin especificar cuáles– si el Gobierno no cumple el real decreto de 1999, por el que debe abonar el 7 por ciento de los ingresos de las concesionarias a cada territorio. Calvet defendió que el Ejecutivo debería haber abonado a Cataluña 20,8 millones en 2011 e incluir como previsión para este año 20,4 millones más. Y es que, a la insumisión antipeajes que los usuarios han protagonizado en las últimas semanas por el supuesto agravio comparativo entre Cataluña y el resto de España en torno al precio de las autopistas, ahora hay que sumar la posición de la Generalitat, que ayer criticó que el Gobierno sí ha contemplado una partida de 70 millones de euros para pagar a las concesionarias en el caso de las autopistas que competen al Ejecutivo. Mientras, la Generalitat deberá hacer frente a las carreteras de peajes que dependen de la administración autonómica.

Privatización
Hace apenas unos días, la conselleria de Economía anunció que ingresará 430 millones de euros privatizando parte de la gestión de las autopistas de pago, al publicar los términos del concurso para el régimen de concesión de los túneles de Vallvidrera y del Cadí. Un día antes, la Dirección General de Tráfico (DGT) ordenó que las denuncias contra los conductores que se nieguen a pagar los peajes, –cada sanción está estimada en 100 euros– se tramiten «de forma prioritaria».