Conciliación
La Ley de Igualdad de Trato la última cortina de humo
La norma prevé la creación de un nuevo órgano que podrá investigar casos discriminatorios
Madrid- El Consejo de Ministros aprobó ayer un informe de lo que será el futuro proyecto de Ley de Igualdad de Trato y no Discriminación, una norma en la que el antiguo Ministerio de Igualdad llevaba años trabajando y que no termina de concretarse. De hecho, ayer, una portavoz del Ministerio que dirige Pajín manifestó que el anteproyecto «todavía está sujeto a cambios».
De momento, el Gobierno llega tarde con su última intentona legal, que formaba parte del programa electoral socialista, ya que se había comprometido en el Congreso de los Diputados a presentarla antes de finales de 2010, pero a día de ayer, de lo único de lo que se habló fue de un simple informe y, como pronto, la ley estaría vigente a finales del año 2012.
La ministra Pajín defendió las generalidades de una norma con la que se pretende que «no se humille a nadie y que nadie sea humillado». La Constitución española, en sus artículos 14 y 9.2, ya reconoce el derecho a no ser discriminado por nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, opinión, pero ahora también se pretende que se garantice el derecho a no serlo por edad, discapacidad, enfermedad o por orientación e identidad sexual.
A un nivel más técnico, la normativa pretende mejorar definiciones como qué se debe entender por discriminación, acoso discriminatorio, represalia o la diferencia de trato no discriminatoria. Lo que ayer no quedó claro es si el futuro anteproyecto incorporará uno de los puntos que generó polémica hace unos meses, como es el hecho de que la persona que sea denunciada por discriminación sea quien tenga que demostrar que no ha adoptado esta actitud, es decir, lo que se conoce en el ámbito judicial como «inversión de la carga de la prueba».
Lo que sí parece que se llevará a cabo es la creación de un nuevo órgano: la autoridad estatal para la igualdad de trato y no discriminación. «Será un órgano independiente que prestará asistencia a los afectados y promoverá fórmulas de mediación o conciliación entre las partes con su consentimiento», según se informó desde el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. Además, esta autoridad «podrá investigar por cuenta propia la existencia de posibles situaciones de discriminación y ejercitará acciones judiciales en defensa de los derechos derivados de la igualdad de trato». Incluso aglutinará funciones de otros organismos mediadores que existen actualmente.
El futuro proyecto legal incorporará infracciones y sanciones de tal manera que cuando se detecte algún incumplimiento se impondrán multas. Las infracciones podrán calificarse como leves, graves y muy graves.
La última iniciativa legal del Gobierno de Rodríguez Zapatero generó ayer reacciones de todo tipo. Carmen Quintanilla, vicepresidenta de la comisión de Igualdad en el Congreso, lamentó ayer que «hayamos judicializado demasiado la vida de las familias españolas para intentar recuperar valores».
En su opinión, «nuestra Constitución rompe ya con cualquier discriminación, y las leyes, para que funcionen, tienen que estar dotadas económicamente y contar con una sociedad formada en valores que la respete». Puso como ejemplo la Ley contra la Violencia de Género, que pese a llevar varios años vigente, en 2010 ha arrojado unos datos muy negativos.
Desigualdad autonómica
El diputado por Murcia Vicente Martínez Pujalte reclamó al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que se autoaplique la Ley de Igualdad de Trato y «predique con el ejemplo». Pujalte criticó que «el Gobierno socialista promueva leyes con una utilidad menor, mientras que debería dar ejemplo y empezar a trabajar para que se considere por igual a todos los españoles con el fin de que no siga discriminando a la Región de Murcia frente a otras comunidades». «Mucha ley y luego hay 450.000 murcianos que no existen para el Gobierno central».
Gays y gitanos aplauden la iniciativa «necesaria»
La última iniciativa del Gobierno de Rodríguez Zapatero ha sido muy bien acogida entre algunos colectivos. Para la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales «la ley es un avance para perseguir a quienes discriminan y proteger a quienes son discriminados, pero va más allá porque busca acabar con la discriminación y pone las herramientas legales para ello». La Fundación Secretariado Gitano manifestó que esta ley «no sólo es muy esperada, sino muy necesaria en estos tiempos de crisis» ya que la legislación vigente «no ha sido suficiente».
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