El contrato de precios agrarios sigue paralizado por Competencia

VALENCIA- Hace aproximadamente un año, la Interprofesional agraria Intercitrus acordó poner en marcha un contrato-tipo en el que se establecieran unos precios de referencia para los productos agrarios. De esta manera, el productor contaría con una seguridad a la hora de negociar el precio con su comprador. Pues bien, este contrato, según la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA), sigue paralizado por la Comisión Nacional de Competencia (CNC), a pesar de que el Ministerio de Medio Ambiente dio el visto bueno al documento.La Comunitat no es la primera en solicitar este tipo de contrato. Andalucía y Extremadura ya lo hicieron con anterioridad, y Castilla la Mancha, de hecho, impulsó y aplicó un pacto de este tipo que ahora está siendo revisado por la CNC.La consellera de Agricultura, Maritina Hernández, ha expresado en diversas ocasiones su conformidad con esta clase de acuerdos, al igual que el presidente del Consell, Francisco Camps y hasta el propio Ministerio se está planteando impulsarlos. Por otra parte, en toda Europa se está produciendo una oleada de peticiones de cambio de normativa en cuanto a la posibilidad de establecer precios mínimos para los productos agrarios. Es más, en Francia, la Ley ya obliga a la gran distribución a moderar sus márgenes de beneficio y dar estabilidad a las rentas de los agricultores.

No más trabasAnte esta tendencia a favor de negociar unos precios mínimos, parece ser que la CNC es la única que está mostrando su oposición. La entidad, presidida por Luis Berenguer, afirmó en un informe publicado recientemente, que «recae sobre los productores agrarios, las asociaciones de productores y las organizaciones interprofesionales, la responsabilidad de autoevaluar si con sus conductas pueden estar incurriendo en alguna práctica restrictiva de la competencia».Por su parte, el presidente de AVA, Cristóbal Aguado, reclamó a este ente que «reconsidere su actitud y abandone las interpretaciones restrictivas de la actual legislación o, al menos, que no ponga trabas a los posibles cambios».