La Sanidad para el Estado

Madrid- A 15 días de las eleciones, el Consejo ha intentado mostrar la percepción que la sociedad española tiene de los ajustes que se están produciendo como consecuencia del incremento de la deuda sanitaria, que «ya supera los 15.000 millones de euros», recordó González Jurado, aunque la falta de transparencia del Ministerio sólo aporte datos de 2010, fecha en que la cifra de morosidad de los hospitales con los laboratorios no alcanzaba los 3.500 millones. El cierre de hospitales y la reducción de consultas, entre otras medidas adoptadas, se traducen en que más del 92 por ciento de los encuestados son conscientes de la difícil situación que atraviesa el país y saben que la mejora está lejos: seis de cada diez españoles están convencidos de que el déficit seguirá aumentando. La reducción de algunos tratamientos y prestaciones no suelen tener muy buena acogida, pero la coyuntura económica ha cambiado el parecer de muchos usuarios: alrededor del 78 por ciento de los encuestados por el Consejo de Enfermería aceptarían algunas reducciones.

El copago, una de las alternativas más debatidas, no es una medida popular, pero la crisis ha obligado a los ciudadanos a replantearse su posición. «Seis de cada diez ciudadanos aceptaría al copago en función de la renta (los que la aprueban y los que se identifican con la medida) por miedo a la quiebra del sistema », comentó José María San Segundo, responsable del informe. A esta idea se suma la posibilidad de introducir la gestión privada dentro de la Sanidad pública: más del 65 por ciento la aprueba. Pero lo más relevante es el interés que muestran los encuestados en referencia a la gestión de la Sanidad por parte de las autonomías: siete de cada diez prefieren que el Estado recobre todas las competencias.

Diferencias y «oscurantismo»
No sólo los ciudadanos lamentan las desigualdades autonómicas en Sanidad. Los propios médicos las han constatado. Así se desprende del estudio sobre demografía médica presentado ayer por la Organización Médica Colegial (OMC), en colaboración con el Foro de la Profesión Médica, las sociedades científicas y el sindicato CESM, entre otras entidades. La primera conclusión es que el sistema sanitario «parece comportarse como un sistema fragmentado» en el que se evidencian «diferencias acusadas». Así, se producen situaciones como que Aragón y Madrid tengan 4,3 médicos por cada 1.000 habitantes, mientras que Castilla-La Mancha tiene 2,8 y la ciudad autónoma de Melilla sólo 2,6. A pesar de que España supera la media de la OCDE en médicos por millar de habitantes (3,5 frente a 3,1), los facultativos se quejan de un «incremento progresivo de la desigualdad en la distribución geográfica». Pero lo que más indigna a los facultativos es el «oscurantismo» de las autonomías. Así lo calificó Patricio Martínez, secretario general de CESM: «En 2003 se estableció que había que hacer un registro de profesionales sanitarios. No se ha hecho porque no interesa, a pesar de que el Estado ha distribuido fondos para hacerlo. No se sabe qué ha pasado con ellos».

De paciente a «indigente»
Cuando P. S. C. acudió al hospital público Virgen del Camino de Pamplona a ser atendido de un empeoramiento en su patología crónica, no sospechaba que comenzaba una batalla. Es residente en Asturias, pero tenía su tarjeta sanitaria en vigor, por lo que debía recibir asistencia de forma gratuita en cualquier lugar de España. Semanas después, recibió una carta en la que se le reclamaba el pago de una factura de 545,90 euros. Con sus quejas sólo consiguió «que me insistieran, en un tono casi amenazante». Ante su negativa a pagar, la única solución que le ofreció el hospital fue «que hablara con una asistente social para que me declarara indigente».