Ley Justicia y moral

ETA ha decidido el cese definitivo de su actividad armada y así lo expresa de forma literal en su comunicado, a la vez que hace un llamamiento a los gobiernos de España y Francia para abrir un proceso de diálogo directo que tenga por objetivo la resolución de las consecuencias del conflicto y, así, la superación de la confrontación armada ( ¡qué curioso!, plantea la superación de la lucha armada como un objetivo a conseguir). Mucho se ha dicho –siendo casi imposible ya decir algo nuevo–, tanto razonamientos serios como tonterías, porque de todo ha habido. Lo primero que algunos discuten es la entidad de la noticia. Pues bien, la noticia es para cada uno lo que quiera que sea, faltaba más. En cualquier caso, lo importante es que ETA cesa en su macabra actividad armada y esperemos que tal ofrecimiento no sea literal, puesto que ETA lo que tiene que hacer es abandonar toda actividad, armada y no armada, y disolverse. Nadie debe olvidar que la existencia de un grupo armado, aunque cese en su actividad, ya es una actividad delictiva, porque al resto de los ciudadanos no nos está permitido tener una arsenal de armas, de tal suerte que el que lo tuviera sería detenido y juzgado por ello. Esta manifestación puede resultar simplista y fácil por lo obvio, pero no lo es. En cualquier caso, aunque podría, no debo hacer valoraciones políticas a tal comunicado, pero sí me gustaría expresar dos ideas. La primera es que, como se ha dicho, la decisión de ETA es un triunfo del Estado de Derecho traducido en aplicación de la Ley, la acción de todos los gobiernos de nuestra Democracia, la actuación trascendental de nuestros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, la inestimable colaboración francesa y la actuación de jueces y fiscales. Mas lo importante ha sido el concurso de una sociedad, con las víctimas a la cabeza, que ha soportado y aguardado el final de ETA de forma pacífica, resignada y sobre todo paciente. Pero para que realmente sea un triunfo del Estado de Derecho se debe partir de dos premisas. Una es que a ETA se le ha vencido, y por ello no se debe tener en cuenta ninguna de sus sugerencias, más allá del cese de la actividad armada. Y segundo, que para que haya un triunfo real del Estado de Derecho, éste se debe aplicar en todas sus consecuencias, actuando sólo dentro de sus límites, nada más y nada menos; esto es, nadie puede esperar una acción que no esté prevista en la Ley, y que sea una de sus debidas consecuencias. No cabe nada más y el que lo espere, sencillamente, es que no cree en el Estado de Derecho. En segundo lugar, nadie puede imponer eso que ahora se llama una nueva «hoja de ruta». Nuestra hoja de ruta nos la dimos en 1978 y se llama Constitución. En una democracia, los diálogos políticos se producen en los parlamentos, por fuerzas políticas libremente elegidas y con respeto al marco constitucional, el cual no puede ser desbordado. Cualquier cambio o alteración en la hoja de ruta marcada por nuestra Constitución tiene que ser refrendada por una reforma constitucional conforme al procedimiento que la propia Constitución establece; la soberanía popular reside en el pueblo español, y en nadie más. Las comunidades autónomas se vertebran y se fundamente en el principio de la autonomía política, tenemos un concreto modelo de Estado, un catálogo de derechos constitucionales, etc., y esto, diálogo alguno que no se haga dentro del cauce constitucional lo podrá cambiar. Por último, y como consecuencia de ello, no podemos olvidar que la acción de la Justicia en el ámbito penal es indisponible, no se puede dejar de hacer aquello que la Ley exige, ni de forma diferente. Los que han delinquido y los que lo siguen haciendo, aun con el cese de la actividad armada, deben ser jugados; no podemos olvidar que a los delincuentes se les juzga no por lo que son ni por lo que quieren ser, ni por lo que dicen que van a hacer, sino por lo que han hecho. Las víctimas ya han pagado, y muy caro, las consecuencias de la barbarie terrorista y los delincuentes también lo han de hacer lo contrario sería una ilegalidad y sobre todo una inmoralidad. Con los delincuentes sólo cabe vencerles y doblegarles y nada más; la política se hace en los foros políticos; la Justicia, en los tribunales y, al igual que los jueces no deben influir en las decisiones políticas, la política no puede, ni podrá influir en los procesos judiciales. Por ello, los que padezcan algún tipo de reserva mental al respecto, y los hay, conviene que lo tengan claro. Ya pasó y volverá a pasar. Las togas sólo se mancharán con el polvo de los armarios en los que se guardan.