La reforma penal que no verá la luz

El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, compareció ayer ante la Prensa, al término del Consejo de Ministros, para explicar las bondades de la reforma penal diseñada por su Departamento, que no llegará a ver la luz en esta Legislatura se anticipe o no las elecciones generales por falta de tiempo para tramitarla. No obstante, Caamaño demostró ayer un optimismo utópico sobre rápido trámite parlamentario de los anteproyectos ley de enjuiciamiento criminal y de ley orgánica de desarrollo de los derechos fundamentales vinculados al proceso penal, que ayer bendijo el Consejo de Ministros y que forman el eje sobre el que pivota esta reforma. Pese a que el calendario electoral impedirá aprobarla, fuentes judiciales consultas por este diario consideran prioritario tener negro sobre blanco estos cambios, que, sin duda, «servirán de guía para el próximo Gobierno».

El Ejecutivo planteó ayer un cambio «radical» de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, al poner la investigación en manos del fiscal. No obstante, el anteproyecto de ley de enjuiciamiento criminal reforzará el papel del juez de garantías, así como la presunción de inocencia poniendo fin a las llamadas «penas de telediario». Esta reforma ha sido recibida con satisfacción en la carrera fiscal y con críticas por las asociaciones de jueces, encargados ahora de dirigir la instrucción penal. Por eso Caamaño se esforzó ayer por aportar calma al debate entre el papel de los fiscales frente al de los jueces. «No es una ley con menos juez, sino todo lo contrario, con más», aseveró. En ese sentido, defendió que la reforma deja la investigación en manos del fiscal, pero refuerza la posición de los jueces como «garantes» de un proceso en el que velaran por los derechos y garantías de los «investigados», término que sustituirá a la figura actual del imputado, y de las víctimas.