La Junta adeuda 20 millones a los centros de mayores y discapacitados

SEVILLA- Enfermeros, cuidadores, trabajadores sociales, conductores y demás personal dedicado a la atención social están viviendo una situación «límite» en la provincia de Sevilla por los «reiterados» impagos de la Junta de Andalucía, tal y como denunció ayer el PP. Según la parlamentaria popular Patricia del Pozo, el Gobierno andaluz adeuda más de 20 millones de euros a las empresas que gestionan las residencias de ancianos y demás centros sociales, por lo que exigió un «calendario de pagos» para evitar su «paralización».

Del Pozo puso el acento en la situación que padece la Federación de Residencias y Servicios de Atención a los Mayores (LARES), que gestiona 33 residencias de ancianos en la provincia con casi 1.700 plazas concertadas. «La Junta le debe más de dos millones de euros y así no se puede trabajar», subrayó la parlamentaria popular, quien citó las residencias Siglo XXI como dos de las más afectadas, con deudas cifradas en 70.000 y 300.000 euros. Además, sus trabajadores «no han cobrado las nóminas de abril ni mayo».

En cuanto a las unidades de estancia diurna, la asociación ASUED gestiona 20 centros en la provincia, con 541 plazas y 170 trabajadores «a los que también se les debe las nóminas de abril y mayo». El caso más «sangrante», a juicio de Del Pozo, es el de la Confederación Andaluza de Organizaciones en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual (FEAPS), que gestiona 540 centros en Andalucía donde se forma a personas con discapacidad psíquica. En total, son más de 20.000 las personas beneficiarias de este servicio, desarrollado por casi 8.500 profesionales «a los que se les adeuda 35 millones de euros», recordó.

Tan sólo en la provincia de Sevilla la cifra asciende a 8,5 millones de euros. Parte de la aportación le corresponde abonarla a la Consejería de Empleo, aunque «con el escándalo de los ERE es normal que no haya fondos para hacer frente a estos gastos tan necesarios», subrayó Del Pozo.

En muchas ocasiones, los ayuntamientos son los encargados de prestar los servicios, aunque dependen de los fondos de la Administración autonómica. La parlamentaria popular citó algunas de las deudas más abultadas en el plano municipal, como la de Écija, que asciende a 235.000 euros, la Mairena del Alcor –212.000– o la de Burguillos, que ronda los 56.000 euros.
Según Del Pozo, la Junta «lleva años recortando sus partidas dedicadas a servicios sociales», dejando también «muchos millones sin invertir». Según los cálculos de los populares, desde 2008 hasta 2011 el Gobierno andaluz ha dejado de invertir casi 681 millones de euros en Andalucía en el capítulo de servicios sociales. Una situación que se ve agravada ahora con el «bipartito», ya que «en la Junta hay que mantener dos estructuras y hay mucho menos dinero para la atención social», subrayó.

El PP ya llevó al Parlamento andaluz dos iniciativas exigiendo un mayor compromiso financiero por parte del Ejecutivo de José Antonio Griñán, que «presume de ser solidario y de estar volcado con la atención a las personas más necesitadas». El Gobierno andaluz aseguró entonces que los retrasos en los pagos se debían a «problemas de tesorería».

Próximamente, los populares presentarán una Proposición No de Ley en la que exigirán fechas y cantidades concretas para que las empresas del sector «puedan saber a qué atenerse». «Vamos a estar muy pendientes de la respuesta de la Junta, ya que están en juego muchos puestos de trabajo en toda Andalucía», aseguró la dirigente popular.