Castilla y León sólo aceptará asumir la Justicia con financiación adecuada

VALLADOLID- La Junta de Castilla y León continúa con su intención de adquirir las competencias de Justicia, aunque «no a cualquier precio». Por ello, el consejero de Presidencia, José Antonio de Santiago Juárez, mantuvo un encuentro de trabajo ayer con representantes del sector judicial en la Comunidad para fijar una postura de comunidad y trasladar un documento consensuado al próximo Gobierno.

En estos momentos, son 30 millones de euros y cinco cláusulas para garantizar inversiones las que separan la propuesta por parte del Estado de lo demandado por la Comunidad. En total, se reclaman 163 millones anuales.

De Santiago-Juárez remarcaba que el Estado deberá garantizar que la inversión en la creación de órganos judiciales en Castilla y León León así como todos los gastos para seu efectiva puesta en funcionamiento corra a cargo del Estado.

También se exigen 8,7 millones a mayores para inversiones en reposición de los edificios judiciales en mal estado.

Respecto a las nuevas tecnologías, se reclama una urgente modernización de los programas y equipos que sirven a la Administración de Justicia, con un coste estimado de 15 millones de euros. Para la Justicia Gratuita y Turno de Oficio se pide una partida no inferior a los 13 millones de euros anuales y respecto a la atención de la Justicia de Paz se exigiría que la cantidad que transfiera el Estado por tal concepto no sea inferior a 2,4 millones de euros.
Y por último, en lo que se refiere a la Oficina Judicial, se requiere una cláusula que garantice que los costes materiales, de personal e infraestructuras derivados de la efectiva implantación y puesta en funcionamiento de la oficina judicial en Castilla y León sea costeado por el Gobierno.
 

Más sensibles
«Confío en que el próximo Gobierno de España vaya a tener más sensibilidad con las cuestiones que afectan a Castilla y León». De esta manera, José Antonio de Santiago-Juárez, recalcaba una vez más, el ninguneo mostrado por el Ejecutivo socialista con esta Comunidad. «Siempre que se fijaban en Castilla y León era para mal», señalaba el portavoz, quien puso como ejemplo el desmantelamiento llevado a cabo en el Archivo de Salamanca, las vacaciones fiscales vascas o el cierre de Garoña. «Nunca han sido sensibles con nuestros intereses».