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Condenan a Ávila Rojas a tres años y medio de cárcel por estafa
MÁLAGA- La sección segunda de la Audiencia Provincial de Málaga ha condenado al constructor granadino José Ávila Rojas, también imputado en el «caso Malaya», a tres años y medio de prisión por un delito de estafa continuada cometido en la venta de tres apartamentos de una promoción en el municipio de Marbella a sabiendas de que no podrían ser habitados al carecer los mismos de licencia de primera ocupación y de obra.
Además, le impone una multa de nueve meses a razón del pago diario de 20 euros y lo sentencia a devolver, solidariamente con la empresa Naviro, las cantidades entregadas por los tres compradores: 67.641, 66.246 y 67.460 euros.
Según la sentencia, Naviro Inmobiliaria 2000 SL, cuyo administrador único era Ávila Rojas, «resultó ser la promotora de la construcción de un edificio de 64 viviendas más trasteros, locales y aparcamientos en Marbella, concretamente en el Carril del Relojero», suelo urbano, según el PGOU.
La Comisión de Gobierno del Ayuntamiento marbellí concedió el 28 de abril de 2003 licencia de obras al proyecto básico pero «condicionada a cumplir las deficiencias advertidas». Ese otorgamiento fue recurrido en vía contencioso-administrativa por la Junta de Andalucía el 29 de agosto de ese mismo año: el letrado pidió la suspensión del acto administrativo, lo que se denegó el 31 de octubre de 2003, pero se permitió el 18 de noviembre de 2004.
Tras presentar Naviro el proyecto reformado básico y de ejecución, la junta de gobierno local del Ayuntamiento de Marbella, el 29 de julio de 2004, denegó la licencia de obra solicitada, lo que se le notificó a la mercantil el 3 de septiembre.
A pesar de ello «se inició la construcción del edificio, cuyas obras se desarrollaron sin que por el Ayuntamiento se adoptase medida alguna tendente a su paralización hasta que, en cumplimiento de lo acordado por la sala de lo contencioso-administrativo del TSJA en Málaga, se dictaron por la Alcaldía de Marbella sendos decretos –el 31 de enero y el 13 de junio de 2005–». La obra, sin embargo, finalizó el 9 de junio de 2005.
El no tener la licencia de obras impidió que la construcción obtuviese la de primera ocupación, «interesada por la promotora», según el tribunal, «pese a lo cual parte de los apartamentos están actualmente ocupados».
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