El TC amenaza la doctrina Parot

En estas mismas páginas concluíamos ayer que el País Vasco vive un peligroso retorno a un pasado que, si no superado en su totalidad, sí parecía arrinconado en la memoria colectiva. Al fallo sobre Bildu, y el probable de Sortu, le puede seguir otro que supondrá un enorme mazazo a la lucha contra ETA y a la convivencia. Según informa LA RAZÓN, una mayoría de magistrados del Tribunal Constitucional es partidaria de estimar los recursos de distintos presos terroristas contra la doctrina Parot, lo que acarreará su anulación. Esta decisión conllevará la revisión de oficio de los expedientes de decenas de reclusos de ETA, narcotraficantes y peligrosos asesinos y la puesta en libertad de decenas de ellos. La doctrina Parot evitó que numerosos etarras salieran a la calle tras cumplir unos años de condenas centenarias. Uno de ellos, Henri Parot, reclamó su libertad tras cumplir 15 años de reclusión de una pena de casi 5.000 años como consecuencia de la aplicación de los beneficios penitenciarios y redenciones previstos en el Código Penal de 1973. Pero el Tribunal Supremo fijó en 2006 que esos beneficios debían ser restados de los años totales de condena y no del máximo de 30 años de cumplimiento efectivo. Así se resolvía el desatino penal de que significara punitivamente lo mismo cometer un asesinato que 200.

La mayoría de magistrados proclives hoy a revocar la doctrina Parot, y, por tanto, la sentencia del Tribunal Supremo, es la misma que respaldó a Bildu. Su posición quedó de manifiesto en un pleno del TC antes de Semana Santa, aunque el debate y el fallo definitivos se pospusieron y no se prevén próximos debido a la alarma social provocada por la fuga de Troitiño.

Las consecuencias del final de la doctrina Parot serán de una gravedad tal que marcarán un antes y un después en la lucha democrática contra ETA, pero también en la ya compleja relación entre el Constitucional y el Supremo. Con el brazo político de la banda en las instituciones, con una presencia activa de gran relevancia en la vida pública vasca, con buena parte de sus presos más emblemáticos en casa y sin una herramienta jurídica determinante, el Estado de Derecho habrá retrocedido de facto al escenario previo a la ley de partidos. ETA y su mundo lo interpretarán como una gran victoria y la derrota del terrorismo estará lejana. Hay que recordar que la hoja de ruta de la banda para este proceso señalaba la legalización de una marca política para concurrir a las elecciones y la salida de los presos a la calle. Lo cierto es que los demócratas no son más libres ni se sienten más seguros, y el acoso a los candidatos constitucionalistas en el País Vasco es un pésimo síntoma.

Si el Constitucional atropella de nuevo al Supremo, usurpando competencias, la tensión institucional será máxima con el desgaste consiguiente para el Estado de Derecho. El Constitucional es un órgano sumido en el desprestigio y politizado al servicio de una causa que no es la justicia ni el interés general. La experiencia de estos años, el bloqueo de sus renovaciones, la injerencia partidista, prueban que es obligatoria una profunda revisión para despolitizarlo y acotar sus funciones a lo previsto en la Carta Magna.