Vitalicio reconoce que existía un «compromiso» de pago de la Junta

José Antonio Mateo, responsable nacional de Seguros Colectivos del Banco Vitalicio, reconoció ayer ante los ex trabajadores de Mercasevilla prejubilados mediante el ERE de 2007 –de cuyas prestaciones se desliga la Consejería de Empleo–, que los cuatro suplementos de pago promovidos entonces para las progresivas prejubilaciones recogían el «compromiso» de financiación del Gobierno andaluz, si bien habría esgrimido las leyes de protección de datos y del sector de seguros para no revelar la documentación reclamada por el colectivo.El presidente del comité de empresa de Mercasevilla, Rafael Domínguez (CC OO), explicó que el colectivo debatió ayer con Vitalicio el conflicto desencadenado al quedar paralizado el pago de las prestaciones, todo ello efecto de la negativa de la Consejería de Empleo a participar en la financiación del ERE de 2007 pese a que en la documentación de dicho procedimiento figura como principal fuente de los pagos. Durante el encuentro, según Domínguez, José Antonio Mateo habría corroborado las «evidencias documentales» hechas públicas por el comité de empresa a través del documento en el que Francisco Javier Guerrero, director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía en 2009, firmaba un abono de 1,89 millones de euros en el marco de una póliza para ocho ex trabajadores de Mercasevilla, documento cuya validez jurídica niega el Gobierno andaluz.A tal efecto, Mateo reconoció, según el comité, que los cuatro suplementos de pago promovidos según las progresivas prejubilaciones admitidas en el ERE de 2007 gozaban del «compromiso» de financiación de la Junta de Andalucía, toda vez que el cuarto suplemento de pago fue formalizado «en diciembre de 2008», cuando Francisco Javier Guerrero había sido ya cesado de su cargo y Juan Márquez ostentaba la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social. El 2 de junio, los trabajadores hicieron público un documento firmado el 29 de abril de 2008 por Guerrero, en el que la Administración autonómica se comprometía a abonar 1,89 millones de euros.