Plazas gratis para los jueces

MADRID- Mientras los funcionarios están sufriendo la época más dura de recortes en sueldos y derechos laborales, hay peticiones de algunos compañeros que pueden desatar la ira de la gran mayoría de los trabajadores públicos. En plena oleada de medidas «anticrisis», la presidenta de la Audiencia Provincial de Madrid, Ana María Ferrer, solicitó el pasado día 6 de julio en una carta remitida a la Consejería de Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid que el Gobierno regional financiara los gastos de aparcamiento de los magistrados de la Sala de lo Civil, en la calle Ferraz. Aunque en un primer momento solicitó que se sufragaran los gastos de 28 coches, finalmente, la petición quedó en diez plazas de aparcamiento, tras considerar que con esas podían turnarse.

Según un estudio de la tarifa de parking de la zona, el gasto supondría unos 143 euros al mes por plaza. En total, la Comunidad debería aportar de las arcas públicas unos 17.160 euros al año, considerando sólo las diez plazas de aparcamiento solicitadas para los magistrados. Fuentes de la Consejería de Justicia aseguraron que la medida solicitada por la presidenta de la Audiencia madrileña se estudiará pero avanzaron que, según las previsiones económicas que maneja el Gobierno de Esperanza Aguirre, será complicado llevarla a cabo.

La petición por parte de los magistrados de lo Civil –aunque solicitada formalmente por Ferrer– desató ayer la indignación generalizada de los funcionarios de Justicia y de todos los empleados públicos de la Comunidad en general por considerarlo, de hacerse efectivo, un «trato de favor» para con los magistrados. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) de Madrid denunció ayer la medida y presentaron su queja formal ante la Dirección General de Justicia de la Consejería de Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid. El sindicato de funcionarios asegura que las plazas de aparcamiento no benefician a la sede de la Audiencia Provincial, «lo que incluiría a todos sus funcionarios», sino sólo a los magistrados, que asisten a la sede judicial «dos o tres días a la semana». Además, estos funcionarios conservan 18 días de moscosos, según fuentes cercanas.

CSI-F asegura en su denuncia que los magistrados son un colectivo profesional «cuya gestión no corresponde a la Comunidad de Madrid», con lo cual la medida es «injustificada e implica discriminación» con respecto al resto de personal que presta servicios en esta sede judicial. El sindicato requiere a la consejería dirigida por Regina Plañiol y, por ende, al Gobierno regional que «se abstenga de establecer privilegios y beneficios exclusivos para colectivos profesionales ajenos» a la región «y aproveche los recursos económicos para mejorar el servicio a los ciudadanos».