Rajoy crea un órgano para frenar los ERE en empresas

MADRID- El Gobierno ha fortalecido la ya existente Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos para regular su funcionamiento y dotarla de capacidad decisoria. El objetivo es «acabar con la vía muerta de bloqueo entre empresas y trabajadores cuando no hay acuerdo», facilitar la resolución de conflictos laborales sobre la aplicación de los convenios y adoptar medidas de flexibilidad interna en las empresas.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, indicó que el real decreto por el que se regula la Comisión establece que este órgano será tripartito y estará formado por un presidente (nombrado por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social), seis vocales representantes de la Administración General del Estado, seis correspondientes a las patronales y otros seis en representación de las organizaciones sindicales. La comisión cuenta ya con un presidente, el catedrático de Derecho del Trabajo Ángel Blasco Pellicer, que fue nombrado en mayo pasado por la ministra de Empleo, Fátima Báñez, y con el resto de representantes. El Ejecutivo confía en que, con la aplicación del real decreto, se logren adoptar medidas de flexiblidad en las empresas cuando se hayan agotado los procedimientos previstos en la negociación colectiva como vía alternativa a la destrucción de empleo.

La capacidad decisoria de la comisión, que tendrá la última palabra antes de acudir a la vía jurídica para decidir sobre la inaplicación de un convenio, ha levantado en armas a los sindicatos ya que este órgano podrá resolver los conflictos entre empresarios y trabajadores sin necesidad de que haya un acuerdo entre las partes.

El real decreto establece que las decisiones se tomarán por mayoría absoluta, en algunos casos de los asistentes a la reunión y en otros, entre los que se incluyen los referidos a la inaplicación de convenios, con la mayoría del total de miembros de la Comisión Permanente. De esta forma, la aprobación de una resolución necesitaría, como mucho, cuatro votos en el caso de la Comisión Permanente y diez votos en el del Pleno, lo que implica que el presidente y los representantes del Estado podrían aprobarla logrando el consenso con sólo una de las otras dos partes.

CC OO anunció ayer que recurrirá ante el Tribunal Constitucional el real decreto ya que considera que vulnera el derecho a la negociación colectiva. En un comunicado, el sindicato advirtió de que esta comisión fue creada en 1983 con funciones consultivas, tanto sobre convenios de aplicación en una empresa determinada como sobre procedimientos de extensión de convenios y recuerda que es la autoridad laboral quien toma una decisión oficial.

La reforma de empleados del hogar resta 63 millones al Estado
El Estado dejará de recaudar 63 millones de euros al año tras la integración del antiguo Régimen del Hogar en el Régimen General, a pesar de haberse experimentado un incremento en el número de empleados del hogar que se han afiliado al sistema de Seguridad Social. En un comunicado, el departamento que dirige Fátima Báñez constató en un informe remitido ayer al Congreso que se ha producido un descenso de las bases de cotización de los asistentes domésticos, como consecuencia de que un gran número de contratos a trabajadores del hogar presenta «un escaso número de horas». Esto implica que la base media mensual es inferior en un 30% a la base vigente el año anterior. Según Empleo, el saldo se sitúa en cerca de 80.000 nuevas altas, un resultado «discreto» si se tiene en cuenta que el sector doméstico emplea a alrededor de 600.000 personas.