La morosidad se sitúa en su nivel más alto desde 1996

Así, la cifra absoluta de créditos dudosos concedidos por el sistema financiero español ascendió en el mes de octubre a 103.685 millones de euros, el 2,39% más que el mes anterior.
Resulta significativo que los bancos, cuya tasa de mora ha subido hasta el 5,8%, se mantengan por delante de las cajas de ahorros por segundo mes consecutivo, si bien estas últimas han elevado su ratio de morosidad, que se sitúa ahora en el 5,49%, frente al 5,33% de septiembre.
En el caso de las cooperativas de crédito, la tasa subió en octubre hasta el 4,55% desde el 4,4% anterior.

No obstante, su cartera crediticia –96.960 millones de euros– es sensiblemente inferior a la de bancos y cajas de ahorros, que encabezan el ranking con 825.108 millones y 848.168 millones, respectivamente. Los establecimientos financieros de crédito mantienen su mora estable en el 10,29%, para una cartera crediticia de 41.227 millones.

Más provisiones
El incremento de la morosidad ha llevado a las entidades financieras a elevar sus provisiones para afrontar eventuales pérdidas por este motivo. De esta manera, el sistema financiero cuenta en octubre con un «colchón» de 61.515 millones de euros, ligeramente superior al del mes anterior. El mayor esfuerzo en dotaciones, que ha mermado los beneficios de las entidades financieras, corresponde a bancos y cajas de ahorros, con 27.735 y 27.034 millones de euros provisionados, respectivamente.


La banca podrá imponer un acuerdo de refinanciación de acreedores
El Gobierno aprobó ayer el anteproyecto de reforma de la Ley Concursal, que busca eliminar los «elementos disuasorios» para que la banca refinancie deudas y aporte nueva liquidez a empresas en dificultades, con el objetivo de que eviten el concurso de acreedores (antigua suspensión de pagos). Así lo expuso ayer el ministro de Justicia, al término del Consejo de Ministros. Francisco Caamaño señaló que la nueva norma favorece también los acuerdos extrajudiciales como «alternativa» a los procesos de insolvencia, que son percibidos «como una situación terminal» de las empresas. Además, el Ejecutivo dio su visto bueno al proyecto de ley de Contratos de Crédito al Consumo que permitirá a los ciudadanos rescindir los contratos de créditos al consumo sin penalización ni obligación de justificación.