Energía

Industria contempla un «tijeretazo» de 2500 millones a las eléctricas

La Razón
La RazónLa Razón

MADRID- La reforma energética contempla un «tijeretazo» al sector eléctrico de 2.500 millones de euros, que se reparte entre tasas a las nucleares, hidráulicas y renovables. Para acabar con el déficit de más de 25.000 millones, el Gobierno contempla un proyecto de ley de carácter impositivo y un real decreto ley para reducir los costes del sistema. El Estado aumentará la recaudación al incluir en el proyecto de ley tres impuestos. El primero gravará un 4% la facturación del régimen ordinario (nuclear, hidráulica, carbón, fuel y gas), lo que supondrá 2 euros por megavatio producido y 400 millones de recaudación anual. El segundo gravará la facturación del régimen especial gestionable en diferente cuantía. Así, el impuesto a la producción termosolar será del 13%, mientras a la cogeneración será del 4%. Con él, se obtendrán otros 230 millones. El tercer tributo afecta a la facturación del régimen especial no gestionable. En este caso, la producción de energía eólica se gravará un 11% y la fotovoltaica, un 19%. Con esta medida el Estado pretende recaudar otros 950 millones de euros. Además, dentro de la batería de medidas fiscales se aplicará una tasa a la nuclear de 10 euros el MW/h, que supondrá 550 millones adicionales, y otra a la hidráulica de 15 euros el MW/h para recaudar 400 millones.

Pero también al gas le toca su parte, con un gravamen de 4 céntimos el metro cúbico a hidrocarburos gaseosos que afectan al consumo final de gas. La única buena noticia para el sector es que los 2.100 millones de euros de déficit que quedaban pendientes de titulizar pasarán a formar parte de la Deuda Pública. Asimismo, el Estado pretende racaudar 900 millones con las subastas internacionales de cuota de emisión de CO2 que le corresponden a España en 2013. Por su parte, el real decreto ley reducirá la retribuciones al transporte y a las centrales extrapeninsulares en 150 millones. El sector eléctrico tradicional considera que las medidas ponen en peligro a las nucleares e hidráulicas y complican su financiación en los mercados.