La Junta recurre al Supremo el fallo del TSJA que tumba la «ley del enchufismo»

Sevilla- La Junta presentará un recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS) contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que declara «nula» la disposición adicional segunda del Decreto 103/2011, de 19 de abril, por la que se aprueban los estatutos de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales y la integración directa en dicho organismo de personal del extinto Instituto Andaluz de las Artes y Letras. La sentencia, que da la razón al recurso interpuesto por la Asociación «Al Andalus» de empleados públicos de la Junta, la Asociación Defiendo Mi Derecho y la Gestión Pública y otros 17 empleados, señala que se ha producido un menoscabo de derechos constitucionales.

Según informaron a Europa Press fuentes del Ejecutivo andaluz, el recurso de casación se formulará por «no compartir» los términos de la sentencia, que llega a calificar el trasvase de empleados a la Agencia de Instituciones Culturales como «un desprecio al Estado de Derecho» que «vulnera» los derechos fundamentales de «acceder a la función pública conforme a los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad de convocatoria».

Atendiendo a las mismas fuentes, la Consejería de Hacienda y Administración Pública recibió la sentencia del TSJA en la noche del pasado miércoles y decidió ayer presentar recurso de casación tras estudiar su contenido en profundidad durante toda la jornada del jueves. Llama la atención que la titular de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, señalara el jueves por la mañana que no había tenido aún acceso a la sentencia, cuando ya la había recibido su departamento. La administración autonómica ha decidido «con rapidez» formular recurso de casación a pesar de disponer de diez días de plazo para ello.

La oposición pide al Ejecutivo de Griñán que rectifique. El presidente del PP-A, Javier Arenas, criticó que la Junta se dedique a recurrir las sentencias dictadas en relación a la reordenación del sector público andaluz, en lugar de «dar marcha atrás» y derogar la ley, que es lo que, en su opinión, tendría que hacer el Gobierno andaluz. Por su parte, el coordinador regional de IULV-CA, Diego Valderas, hizo hincapié en que su formación ya alertó a la Junta de Andalucía de que «estaba en un camino erróneo». El resto de agencias también están recurridas. Numerosos funcionarios ven en este fallo el principio del fin.