A la cabeza de España en atención a las personas en situación de dependencia

valladolid- En abril de este año, un total de 39.846 dependientes con derecho a ayuda de esta Comunidad se benefician ya de alguna de las 43.935 prestaciones concedidas, ya que un usuario puede recibir más de un servicio. Teniendo en cuenta que la aplicación de la Ley es progresiva y que actualmente sólo es efectiva para los grados II y III -ya que para el Grado I se difiere hasta 2011 ó 2013-, y que no a todas las personas que lo solicitan se les reconoce situación de dependencia, los que están recibiendo las ayudas suponen ya el 85,61 por ciento de los dependientes con derecho a ellas. O lo que es lo mismo, 17 puntos más que la media nacional, que no llega al 70 por ciento. Asimismo, los titulares reconocidos representan ya el 74 por ciento en esta Comunidad, mientras que la media en España están en el 69 por ciento. Por todo ello, Castilla y León se encuentra a la cabeza en la España autonómica en la concesión de prestaciones a las personas que tienen derecho a ella. Y es la segunda comunidad en la concesión de servicios a través de la Red Pública o a través de entidades colaboradoras que forman parte del sistema de Servicios Sociales. En concreto, estos servicios suponen en Castilla y León el 59,16 por ciento del total, ocho puntos por encima de la media nacional.Estos son algunos de los datos extraídos de la doble comparecencia del consejero de Familia e Igualdad de Oportunidades, César Antón, en la Comisión de Familia de las Cortes regionales para hacer balance de la aplicación de la Ley de Dependencia en Castilla y León así como su financiación.Allí, Antón destacaba también el avance experimentado en Castilla y León en la resolución de los casos y señalaba que la gran mayoría se resuelven en seis meses e incluso en menos. «Pero no nos conformamos y seguimos introduciendo mejoras para continuar acortando los plazos», avanzaba el consejero, quien anunciaba la puesta en marcha de un nuevo modelo de solicitud de valoración y acceso a las prestaciones. Según explicaba Antón, se trata de un sistema que ayuda a los solicitantes a cumplimentar la documentación necesaria a través de internet o de un servicio de apoyo telefónico para solucionar dudas.Datos falsosDurante las casi tres horas de duración de las dos comisiones, César Antón y los procuradores socialistas Fernando Rodero y Jorge Félix Alonso se enzarzaron en una guerra de cifras sobre el grado de aplicación y la financiación de la Ley en Castilla y León. Pese a que todos ellos utilizaron las mismas fuentes, las del Sistema de Atención a la Dependencia o el Boletín Oficial del Estado, se acusaron de falsear las cifras e incluso, en el caso del socialista Fernando Rodero, llegó a retar al consejero a un cara a cara en alguna televisión.Y es que mientras Antón se felicitaba por las mejoras en la agilización de las prestaciones, el procurador socialista recordaba a la Junta que todavía hay personas que llevan dos años esperando a que se les reconozca una prestación y denunciaba que desde que se pusiera en marcha la Ley más de cinco mil personas han perdido la vida durante el proceso de tramitación. Al respecto, Antón instaba a los socialistas a que comprobaran que las personas fallecidas por vía natural son prácticamente las mismas antes que después de la Ley y recordaba que Castilla y León fue la primera región que reconoció a los herederos del fallecido su derecho a recibir las prestaciones reconocidas.La discrepancia continuó en materia de financiación, y mientras el consejero concluía que la Junta ha aportado en tres años más del 50 por ciento de lo que le corresponde a la Dependencia, el Estado no ha llegado nunca a su mitad comprometida. Antón dijo que para este año, el coste total de la Ley en Castilla y León oscilará entre los 545 y los 601 millones de euros, de los que la Junta aportará entre 335 y 370 millones; los usuarios entre 110 y 121; y el Estado, entre 99 y 109 millones.Por su parte, Jorge Félix Alonso trató de rebatir que la Junta ponga más dinero que el Gobierno, recordando que cada año aumenta el gasto para la dependencia por encima de los recogido en la memoria económica, y criticó que el PP se haya negado a que el Consejo de Cuentas analice la financiación de la Dependencia.