España

Gallardón: El poder legislativo tiene que dar respuestas a los desahucios

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha considerado hoy que "las respuestas al problema de los desahucios las tiene que dar el poder legislativo", al ser preguntado por el apoyo del Sindicato Unificado de la Policía (SUP) a los agentes que se nieguen a participar en los desalojos.

"Es a las Cortes Generales, al Congreso y al Senado, a los que les corresponde adecuar la ley a la realidad social", ha dicho Ruiz-Gallardón a los periodistas antes de participar en la presentación del servicio de mediación de las Cámaras de Comercio.


El titular de Justicia ha señalado que esta misma tarde el PP y el PSOE se reunirán para estudiar medidas adecuadas a la "difícil situación"que se está viviendo en la actualidad en aquellas hipotecas que están siendo sometidas a un proceso ejecutivo y ha añadido que, "aunque en su momento no fueron previstas, las circunstancias, que han cambiado, deben hacer que cambie la legislación".


Una respuesta conjunta del PP y del PSOE "debe dar una tranquilidad a los operadores y a aquellos ciudadanos que están pagando los efectos de la crisis económica con aquello que más le ha costado y que más necesitan que es su vivienda habitual", ha apuntado Ruiz-Gallardón.
La iniciativa que han adoptado conjuntamente el PP y el PSOE tendrá una traducción legislativa, que dará las respuestas a las preguntas que en estos momentos se están planteando no solo los operadores, sino también los afectados, ha garantizado el ministro de Justicia.


Se ha mostrado convencido de que hay que "adoptar las medidas necesarias para que la legislación sea aplicable en la realidad social en la que en estos momentos vive España".
Ruiz-Gallardón ha subrayado que hay que garantizar que sigan existiendo créditos hipotecarios y que todo aquel que quiera acudir a una entidad bancaria para conseguir un crédito para adquirir su vivienda tenga un respaldo de estas entidades.


Ha querido dejar claro que cuando adquieren un crédito hipotecario los ciudadanos tienen que saber si están poniendo en juego única y exclusivamente el valor del inmueble que está afectado por ese crédito o también su patrimonio personal y ha recalcado que, antes de firmar un documento, la información es "un requisito absolutamente necesario en un Estado de derecho".