Denuncian que el Estatuto sigue siendo ajeno a las aspiraciones ciudadanas

Valladolid- Los derechos sociales de los castellanos y leoneses y el modelo territorial de la Comunidad dejan mucho que desear y requieren de una amplia revisión, que fomente los servicios de proximidad, favorezca la movilidad para garantizar el acceso de los ciudadanos a los recursos, a los servicios públicos y al empleo, pero también a las nuevas tecnologías y a la corresponsabilidad conciliación afectiva.
Éstas son, grosso modo, algunas de las conclusiones que se extraen de una Jornada sobre los derechos sociales del Estatuto a la Ciudadanía, celebrada en Valladolid, por la Fundación socialista Perspectivas. Su presidente, Francisco Ramos, es muy crítico con la actuación de la Junta de Castilla y León en el desarrollo de la carta de derechos sociales del Estatuto de Autonomía, que considera «pobre, ficticia y ajena a las aspiraciones de la ciudadanía».
A su juicio, el modelo territorial no garantiza la equidad en el acceso a los servicios e infraestructuras públicas y denuncia la desigualdad existente entre los distintos territorios que conforman nuestra Comunidad. «Sobre todo, en el ámbito de la Salud», advierte Ramos, donde los ciudadanos perciben una gran desequilibrio entre la atención que reciben en los pueblos o en las ciudades. Para solucionar este problema, el dirigente socialista apuesta por regular y planificar adecuadamente la asistencia geriátrica, la reproducción asistida o la libre elección de especialista y centro hospitalario, entre otras actuaciones.
En el ámbito educativo, el presidente de la Fundación Perspectivas alerta de la inexistencia de un mapa de centros educativos que garantice la equidad en el acceso a todo el territorio, mientras que en materia de Igualdad, lamenta que la mujer siga siendo «invisible» en el trabajo remunerado del medio rural. Asimismo, denuncia la falta de empleos de calidad que hacen imposible poder romper con los roles típicos femeninos.

Renta de Ciudadanía
Sobre este nuevo derecho estatutario aprobado recientemente, Francisco Ramos considera que, pese a significar un paso adelante, «sigue sin garantizar los recursos para que los ciudadanos y las familias con menos recursos y en peligro de exclusión social puedan incorporarse pronto a un puesto de trabajo». Considera en este sentido que se trata de un modelo poco solidario y muy mejorable y que requiere de nuevas políticas de formación y empleo.