La juez ve delito contra las instituciones del Estado en los detenidos por el 25S

En el auto al que ha tenido acceso Efe, la titular del juzgado de instrucción número 8 de Madrid, en funciones de guardia de detenidos, destaca que "si bien existen motivos bastantes"para acusarles de "delito de atentado, resistencia y delito contra las Instituciones del Estado"procede dejar a estos 33 detenidos en "libertad provisional sin fianza".

No obstante, en otra resolución, dictada únicamente para otro de los arrestados (el 34), la juez acordó para él prisión eludible bajo fianza de 1.000 euros.

Otro imputado menor de edad está a cargo de la Fiscalía de Menores, según está regulado en la Ley de Responsabilidad Penal de Menor.

Los otros tres detenidos en la segunda jornada de protesta "Rodea el Congreso", celebrada el miércoles en la Plaza de Neptuno, también comparecieron ayer ante el Juzgado de Instrucción número 12 de Madrid y quedaron en libertad, acusados de los delitos de desórdenes públicos y atentado contra la autoridad, según sus abogados.

El traslado de los arrestados a los juzgados de la plaza de Castilla se produjo finalmente ayer por la tarde en cumplimiento de una providencia dictada poco antes por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz y después de que el Ministerio Fiscal no presentara ninguna acusación.

El magistrado de la Audiencia Nacional había informado a la Policía Nacional de que los delitos que imputaban a los detenidos no son competencia de este tribunal, por lo que le instó a que actuase "en consecuencia".

En la providencia dirigida al comisario jefe de la Brigada Provincial de Información, Pedraz se dio por enterado de la detención de las 35 personas por los delitos de atentado, lesiones, resistencia a la autoridad y desobediencia y desórdenes públicos, "ninguno de ellos competencia de la Audiencia Nacional"como sería el delito contra las Instituciones del Estado.
Por ello el magistrado, que se encuentra de guardia esta semana en la Audiencia Nacional, concluía que "la unidad policial deberá actuar en consecuencia respecto de los mismos"(delitos).

La decisión de Pedraz se produjo después de que el miércoles fuentes de Interior informaran de que a los 35 arrestados se les imputaría un delito tipificado en el artículo 494 del Código Penal, que se refiere a la promoción de manifestaciones ante la sede de organismos legislativos.

A pesar de que la juez mencionaba en su auto el delito contra Instituciones del Estado, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) informó anoche de que los detenidos que habían quedado en libertad se enfrentaban únicamente a la imputación de la posible comisión de atentado y desórdenes públicos, "según el caso".