Caso Invercaria: «Yo tengo más capacidad de inventar que nadie»

Sevilla- En los juzgados de Sevilla obra una segunda grabación en la que se puede escuchar a la ex presidenta de la sociedad Inversión y Gestión de Capital Riesgo de Andalucía (Invercaria), Laura Gómiz Nogales, además de la conversación mantenida con el ex director de Promoción, Cristóbal Cantos, sobre la elaboración de informes falsos. La única accionista de la sociedad es la Agencia IDEA, a través de la que se han pagado los ERE y las ayudas directas que investiga la juez Mercedes Alaya.

Ambas, Invercaria e IDEA, dependen, en última instancia, de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta. En esta ocasión el escenario es otra reunión de trabajo, esta vez con varios técnicos analistas, celebrada el 24 de mayo de 2011, en la que se plantea la necesidad de «cargar» datos para introducirlos en un nuevo manual de procedimiento encargado por Gómiz para la entidad pública.
 La ex presidenta explica al equipo el protocolo que quiere que sigan con los expedientes de los proyectos supuestamente favorables a los que se han destinado fondos públicos. Uno de los técnicos le advierte de que hay «muchos» que carecen de propuesta de inversión. Tras esa circunstancia, la directiva de Invercaria realiza, según consta en la transcripción de la nueva prueba judicial a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, afirmaciones como:

–«En las propuestas de inversión, en los que hay, o en el plan de negocios del promotor. ¿Vale? Y tú dices: ¿Y si no hay nada? Se inventa. Entonces es cuando se inventa. ¿Vale? Yo te digo: si en FIVA no hay... en FIVA me lo estoy inventado yo ahora mismo, pero suponiendo que no tenemos plan de negocio. Ahora, si hay, yo, en lugar de inventármelo, pongo lo que hay en el plan de negocios de ellos, aunque sea de ellos. ¿Entendéis?». Más tarde insiste en una idea: ella se ocupará de las empresas de las que no tengan datos, de las que «no haya nada».
–«Ésas serán las que me vaya moviendo porque yo tengo más capacidad de inventar más que nadie, me parece a mí. ¿No? ¿O qué?», asevera, incluso.

Expone que hay 38 proyectos a los que le faltaría documentación –que supuestamente habrían recibido fondos propios y participación de capital por parte de la sociedad de la Junta– y dice a sus subordinados que la tarea que les pide tiene que estar lista para el mes de agosto –del año pasado, con la investigación del «caso ERE» ya en curso–. Con tal propósito, Gómiz hace un reparto de los expedientes y durante el mismo desliza a una de las empleadas a su cargo:
–«Pues B. tú te vas a tener que poner con ésta... Nos vamos a tener que hacer el estudio de imaginación tú y yo».
Y añade:
–«Porque en las empresas está el expediente completo pero, las que yo tengo aquí...», para continuar con la distribución.
Transcurre el encuentro grabado y en otro momento defiende que ya se ha hecho un esfuerzo para «recopilar» la información y matiza:
–«Tenemos en la mayoría, digo en la mayoría porque en lo que no tenemos nada, nada más que me corresponde a mí con lo cual... En la mayoría tenemos o plan de negocios del promotor o cosas del promotor, o nada más que la aportación de algo». Y sigue:
–«En muchos tenemos propuestas de inversión. Y lo único que quiero es, sin meternos... aquí no tenemos que hacer... volver a hacer un análisis».
En un punto del listado de sus peticiones, uno de los técnicos expresó sus dudas y preguntó: «¿Esto no tendremos que firmar?». A lo que su jefa contestó: «En esto no hay firma. No hay firma. Vamos, la firma va a ser mía». De hecho, ya en la grabación hecha pública con anterioridad a ésta, Gómiz mantenía que no echaría «mierda» hacia arriba, pese a haber afirmado: «Todos los que están por encima mío saben lo que hay en Invercaria».

¿La versión del Partido Popular andaluz?: cincuenta millones de euros en inversiones y créditos concedidos de forma «discrecional», lo que denominaron segundo «fondo de reptiles».

Las nuevas revelaciones de las entrañas de Invercaria llegan horas después de que Gómiz confirmara que se ha querellado contra Cantos, en defensa de su «honorabilidad» y «gestión profesional» e insistir en que las grabaciones están «manipuladas y sacadas de contexto». Recordó que fueron aportadas por él mismo a un procedimiento laboral que se sigue ante el Juzgado de lo Social número 2 de Sevilla, «en el que reclama para sí una indemnización de 300.000 euros» y que se resolverá previsiblemente el viernes.

El Gobierno andaluz respalda la gestión de Invercaria, de cuya plantilla, al cierre de esta edición, Gómiz seguía formando parte.