Educación ultima su plan para reforzar la autoridad del profesorado en el aula

vVun trámite de información pública del anteproyecto de Ley de Autoridad del Profesorado, con el fin de favorecer la participación de la sociedad en su conjunto y con el objeto de que este decreto pueda aprobarse en las Cortes regionales antes de que finalice el año.

Una ley que tiene por objeto «reconocer la autoridad del docente y fomentar la consideración y el respeto que le son debidos en el ejercicio de sus funciones». Con ello, se pretende implantar un clima de convivencia adecuado en los centros educativos de la Comunidad y garantizar el pleno ejercicio del derecho a la educación de todo el alumnado.

A partir de que se apruebe la ley el testimonio de cualquier profesor tendrá el mismo valor legal que el de un policía, ya que contará con la «condición de autoridad pública y gozará de la protección reconocida a tal condición por el ordenamiento jurídico».

El proyecto de ley también recoge que los hechos constatados por el profesorado gozarán de «presunción de veracidad», en el momento que se formalicen por escrito en documento que cuente con los requisitos establecidos reglamentariamente.

Además, los centros podrán recabar de las familias o representantes legales, o en su caso de las instituciones públicas competentes, la colaboración necesaria para la aplicación de las normas que garanticen la convivencia en los centros docentes, siempre garantizando el derecho a la intimidad y a la protección de datos personales.

Adecuada protección
También se establece que la administración educativa adoptará las medidas oportunas para garantizar la adecuada protección y asistencia jurídica a todo el profesorado, así como la cobertura de su responsabilidad civil, en el caso del profesorado de los centros públicos y en relación con los hechos que se deriven de su ejercicio profesional.

Aunque serán los propios centros docentes los que elaborarán sus normas de organización y funcionamiento, que deberán incluir las que garanticen el cumplimiento del plan de convivencia, su dirección deberá comunicar, simultáneamente, tanto al Ministerio Fiscal como a la Dirección Provincial de Educación correspondiente, cualquier incidencia relativa a la convivencia escolar que pudiera ser constitutiva de delito o falta, sin perjuicio de que se adopten las medidas cautelares oportunas.

Y cuando se incurra por el alumnado, sus familias o representantes legales en conductas consideradas como agresión física o moral al profesorado, se podrá reparar el daño moral causado mediante la presentación de excusas y el reconocimiento de la responsabilidad de los actos, bien en público o en privado.

Esta regulación normativa sobre la autoridad del profesorado ya existe en otras comunidades autónomas como Madrid, la Rioja, Galicia y la Comunidad Valenciana y se están elaborando en Aragón y Castilla-La Mancha.

Cada vez son menos las incidencias en los centros educativos de la Región
Año a año va reduciéndose el número de incidencias escolares que se detectan en los centros educativos de la Comunidad, aunque en el curso 2010-2011 (últimas cifras que se conocen) se había duplicado el número de casos de «bullyng» -acoso e intimidación entre alumnos. Unos 1.500 escolares que presentaban incidencias en cursos pasados dejaron de hacerlo, 500 dejan de reincidir en sus comportamientos negativos y 200 ya no presentan incidencias con carácter multireincidente. El mayor volumen de faltas tiene que ver con la desobediencia al profesorado y el 60 por ciento de los centros comunican alguna incidencia a lo largo del curso. Pero también hay casos graves, aunque no llegan a media docena las agresiones registradas en colegios e institutos, aunque la mitad de ellas fueron protagonizadas por padres, si bien el más grave fue el tiroteo contra una casa y coche de profesores en Salamanca.