Queremos trabajo

Llevamos casi 8 décadas impidiendo la creación de riqueza, de trabajo; se ha convertido al mercado laboral español en un coto vedado en el que sólo «algunos» trabajadores tienen derechos, y donde casi únicamente el Estado posee el monopolio de la creación de empleo, pues a la «iniciativa privada» históricamente se la mira mal. «Ante la posibilidad de que el capital quiera explotar al trabajador, lo mejor será evitar que exista capital», parecen decir nuestras leyes. El resultado es el previsto: la iniciativa privada no crea gran volumen de trabajo, sólo el Estado abastece de trabajo «bueno», bien protegido. Situación propia de los Estados no liberales, «anti-liberales». En los liberales se procura que el Estado intervenga sólo donde la iniciativa privada fracasa; pero pretender algo así en España es casi un delito: lo privado tiene mala reputación. El empresario teme contratar porque, con la rigidez de las leyes, se puede arruinar si fracasa. Para paliar ese miedo, y la inmovilidad del mercado, en las últimas décadas se han ido haciendo «añadidos» chapuceros a la Ley que únicamente han logrado dividir a los trabajadores españoles en dos clases bien diferenciadas: «funcionarios y trabajadores con contrato indefinido», que gozan de todos los derechos y son «relativamente» inmunes a la crisis, y «becarios, temporales, precarios, desempleados…» que por culpa de las atrasadas leyes laborales españolas ya conforman un batallón de trabajo que se lumpeniza rápidamente y al que nadie defiende, ni los sindicatos de clase ni la Ley. Queriendo ser justos, estamos fomentando una gran injusticia social. Se achaca a «la presión de los mercados» los recortes de derechos sociales ejecutados por el Gobierno. Puede que tales recortes se deban a su propia incompetencia más que a la presión exterior. Nadie explica que es perfectamente compatible preservar los derechos de los trabajadores, que ahora están ultra-protegidos, con facilitar la creación de «nuevo» empleo para que esa neo-clase lumpen que es consecuencia de la injusticia de nuestras leyes antiguas y obsoletas tenga acceso a trabajo digno y no continúe siendo la víctima, el resultado del sacrificio social que hacemos para mantener un mercado laboral absurdo, propio de los autoritarismos de entreguerras. El primer derecho para un trabajador debería ser poder encontrar trabajo. Liberar el mercado para millones de trabajadores supondría, eso sí, que los «intermediarios» (sindicatos, patronal, administración…) que ahora lo controlan perderían influencia. Ése es el gran problema.