Las familias de Cataluña encargadas de cazar el fraude en las matrículas

BARCELONA- La conselleria de Educación de la Generalitat de Cataluña ha anunciado que las familias que lo pidan podrán acceder a los datos de otros padres que estén en el mismo proceso de preinscripción escolar. El objetivo de la medida será detectar casos de fraude que se produzcan durante este procedimiento, según explicó el departamento de Educación. Para conseguirlo, las familias solicitantes deberán reclamar esta información en el centro escolar.
La directora general de Atención de la Familia y a la Comunidad Educativa de la Generalitat, Meritxell Ruiz, explicó ayer a Ep que las familias solicitantes «deberán firmar un papel conforme quieren ver los datos, porque los otros padres también tienen que saber que se ha accedido a sus datos». Ruiz especificó que se limitará a mostrar el nombre, apellido y la dirección de una o de todas las familias que se hayan preinscrito y matriculado en un mismo curso.

Datos «no íntimos»
Educación ha enviado a los colegios e institutos estas instrucciones para que sepan cómo tienen que actuar en el caso de que reciban peticiones al respecto. Ruiz insistió en que todo trata sobre datos «no íntimos», ya que en ningún caso se dará acceso a información como las rentas familiares y las discapacidades.
Según Ruiz, la nueva normativa es el resultado de la conjunción de la Ley de Protección de Datos y el Régimen Jurídico y de Procedimiento de las Administraciones Públicas, que da derecho a acceder a la información de cualquier proceso en el que se concurre. Un motivo para que las familias consulten datos de otras podría ser que sospechen de la falsificación de datos que cuenten para los baremos de matriculación, como el domicilio.
Ruiz explicó que si hay sospecha de fraude «hay que ponerlo en conocimiento de la administración», que se encargará de reclamar al Ayuntamiento que verifique que la persona reside realmente en el domicilio especificado en la hoja de matriculación para cada curso.
En el caso de que el estudiante no residiera en el domicilio especificado, Ruiz aseguró que «ese alumno perdería la plaza, pero si el curso hubiera comenzado, se le dejaría terminar hasta el año siguiente, cuando tendría que volver a participar en el proceso de preinscripción».
«Lo hemos aclarado –detalló Ruiz respecto al marco legal de esta nueva normativa– para poder poner los derechos de cada uno y cómo puede realizarse esta consulta. A partir de aquí entendemos que todo el mundo puede consultar estos datos».

Polémica con los «tupper» en el comedor
La Generalitat de Cataluña ha anunciado esta semana que cobrará unos tres euros al día como máximo (la mitad de lo que cuesta un menú) por usar el comedor a los escolares que decidan comer de «tupper». En cambio, Andalucía ha asegurado que no contempla «en absoluto» la aplicación de la medida. La Comunidad de Madrid también ha sido criticada por el PSM por permitir que los colegios, en particular los consejos escolares, decidan si cobran por que los alumnos coman de «tupper», algo que ya ocurre en la Comunida Valenciana, donde estudian la imposición de un precio simbólico. En cambio, los expertos en nutrición consideran que la medida puede ser una fuente de ahorro pero no garantiza una dieta equilibrada. Además, la empresa de restauración Serunion, que trabaja a nivel nacional, alertó de que los ajustes provocarán una reducción en el número de comensales que cada día acude al comedor.