El Estado «fichó» a 215200 nuevos funcionarios en apenas dos años

MADRID- Los empleados públicos están en el centro de la diana como colectivo al que el Gobierno ha sacrificado para arreglar el pozo del déficit público con la urgencia que le exige Bruselas. La radiografía de la plantilla general de funcionarios resulta bastante clarificadora de lo que ya es una seña de identidad de la política económica del Gobierno: la improvisación y el cambio de discurso. Así, ha habido recortes en las tasas de reposición mientras seguía sorprendentemente creciendo el número de funcionarios, y ha habido subidas salariales que se han quedado en recortes. Quizás si el Gobierno hubiera ejercido mejor su función de control en lo que afecta a las retribuciones, pero también a la dimensión del sector, hoy no habría que adoptar medidas tan traumáticas como las aprobadas el pasado jueves por el Consejo de Ministros. Por ejemplo, el Gobierno ha reconocido al Congreso, a través de una respuesta parlamentaria, que con fecha de diciembre del año pasado el número de empleados públicos en «servicios periféricos» ascendía a 128.583. No están incluidos ni policías ni guardias civiles ni militares. Por servicios periféricos se entiende aquellos que orgánicamente dependen de los delegados del Gobierno en las comunidades autónomas y en las subdelegaciones provinciales. Pero lo más relevante de esta cifra es que de esa cantidad, 99.265 son funcionarios de carrera y el resto, un 23 por ciento, no, por lo que su supresión carecería de costes. En concreto, en servicios periféricos hay 4.888 puestos que son interinos y el Gobierno podría prescindir de ellos sólo con suprimir la plaza en la plantilla, sin indemnización ni conflictos legales derivados porque no la tienen en propiedad. De hecho, existe la obligación legal, generalmente incumplida, de sacar a oposición las plazas cubiertas interinamente en el plazo máximo de un año. En situación parecida está el personal laboral, que en servicios periféricos alcanza el número de 24.231 funcionarios: se rigen por el Estatuto de los Trabajadores, como un empleado más del sector privado, y funcionan como tal. Pero resulta aún más escandalosa otra cifra: en los dos años íntegros de Legislatura el número de empleados públicos ha crecido en 215.200, según datos de la Encuesta de Población Activa, mientras que también hay 2.438.500 parados más y 1.779.300 asalariados privados menos. El PP sostiene que el Gobierno ha perdido el control sobre el sector público, «que vive completamente de espaldas a la crítica realidad nacional». Su portavoz de Función Pública, Miguel Barrachina, recuerda que el Gobierno ha tenido competencia exclusiva en retribuciones, y también en lo que afecta a la dimensión del sector público, y «ha fracasado absolutamente en su control». «Los últimos tres errores de Zapatero suman 19.000 millones de euros, es decir, los dos Plan E y los 6.000 millones de euros que repartió con la rebaja de los 400 euros. Y ahora pretende ahorrar 15.000 millones con cargo a los empleados públicos, pensionistas, madres y dependientes, que son quienes peor lo están pasando», afirma el portavoz popular.