Caso Faisán
Rubalcaba «juega» con los tiempos
La suerte le sonríe tras convertirse en el candidato socialista a la Presidencia del Gobierno. En los diez meses que restan hasta las elecciones generales, sin embargo, se encontrará con alguna que otra piedra en el camino, que los suyos confían consiga esquivar con cierta habilidad, como la resolución del «caso Faisán», por el que «pagarán» dos mandos policiales y uno político, el ex director general de la Policía Victor García Hidalgo.
Al vicepresidente primero, Alfredo Pérez Rubalcaba, no le inquieta el desenlace judicial de este caso, después de meses de tensión y de sufrir las embestidas de los populares en la Cámara Baja, que aún se preguntan sobre el responsable político último que ordenó el chivatazo a la organización terrorista ETA el 4 de mayo de 2006 en el bar Faisán de Irún (Guipúzcoa) en pleno proceso de paz. Un mes antes de estos sucesos, Rubalcaba tomaba posesión de la cartera de Interior.
En estos momentos, los tiempos de la Justicia juegan a su favor. Fuentes gubernamentales y jurídicas consultadas aseguran que el «caso Faisán» se resolverá después de los comicios generales, previstos para marzo de 2012. Es decir, no se convertirá en artillería pesada en manos del PP para atacar durante la campaña electoral al ministro del Interior y flamante candidato socialista a la Presidencia.
Este halagüeño panorama para su carrera política es el peor de los tres escenarios que barajan fuentes gubernamentales y jurídicas. Aunque existen remotas posibilidades de que así sea, estas mismas fuentes no descartan que la causa se archive. Además, dejan la puerta abierta a que la Audiencia Nacional decida inhibirse en la causa por no ser competente y remitir el caso al juzgado de Irún, donde se produjeron los hechos.
No obstante, el escenario con más posibilidades de convertirse en realidad pasa por que, al final, la Audiencia Nacional procese a los imputados por revelación de secretos oficiales, delito que conlleva penas de uno a cuatro años. Aunque en este supuesto, los plazos se dilatarán y la Audiencia Nacional no resolverá hasta después de las generales.
Según fuentes gubernamentales, la única sombra de duda que planea sobre este caso es la probabilidad incierta de que algunos de los imputados decida apuntar más arriba en la jerarquía policial para conseguir un atenuante de su condena. Esta eventualidad se despejará antes de las vacaciones estivales, cuando concluye la instrucción. Superada esta etapa, el camino se allanará para el Gobierno central hasta el final del proceso judicial. Además, el Ejecutivo confía en que haya «novedades importantes en la lucha contra el terrorismo de ETA que eclipsen cualquier acontecimiento» en los próximos meses.
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