La Audiencia condena a «El Brujo» a 103 años y 6 meses de prisión

La sentencia de la Audiencia le condena asimismo a pagar 304.020 euros a las afectadas en concepto de responsabilidad civil y le prohíbe comunicarse o acercarse a cualquiera de ellas durante 109 años.

Los hechos se produjeron entre los años 1995 y 2006, cuando el hombre se aprovechó de la inmadurez de las menores, a las que llegaba a sacar 35 años de edad, y las captó prometiéndoles ayuda para desarrollar su personalidad y relacionarse mejor con los demás.

Para ello, Tomás Arroyo se hacía pasar, y creía ser, una persona con facultades paranormales y con la capacidad de, según la sentencia, "conocer y curar enfermedades de los demás y problemas psicológicos o de cualquier otro orden".

La sentencia narra cómo el condenado llegó a vivir de sus supuestas facultades y tenía una consulta en un gimnasio de Ibiza y en su domicilio de Valencia, al tiempo que indica que se relacionó con un grupo de futbolistas, entre los que se encontraban Santiago Cañizares, de los cuales llegó a recibir regalos como un coche de alta gama.

El condenado conoció a las menores mediante sus madres o sus amigas y consiguió, aprovechándose de su debilidad, "doblegar su voluntad"para mantener relaciones sexuales con ellas.

La resolución detalla cómo, en su primera visita, las trataba de una forma "despreciativa, hiriente y cruel"manifestando sus defectos, lo que provocaba en las menores "una confusión profunda, un temor reverencial y un aturdimiento psicológico suficiente para obtener su aceptación y obediencia".

Aprovechó esta situación de dependencia para tener relaciones con ellas y "ordenarles que las mantuvieran con terceros, como fue el caso de Santiago Cañizares, Nico Olivera, Javier "el tenista"o Alberto Cañamares", este último condenado en la sentencia a 4 años de cárcel por un delito de abusos.Así, diez de las trece menores tuvieron que mantener relaciones sexuales con terceros "ordenadas e impuestas por Tomás Arroyo".

El condenado mantuvo relaciones con las menores en numerosas ocasiones -una de las víctimas confesó que una vez al mes- y durante largo tiempo, amenazándolas con que, si no hacían lo que él decía, no le irían bien los estudios, la salud, etcétera.

Once de las menores tenían entre 13 y 17 años cuando el condenado abusó de ellas y las otras dos contaban con 11 y 12 años, un hecho por el que se agravan dos de los delitos aplicados.

La juez ponente, Mónica de la Serna, señala en la resolución que la prueba de cargo del juicio, es decir, las declaraciones de las víctimas, resulta "demoledora", y tiene en cuenta para agravar las penas, además de la edad, la situación de prevalimiento del condenado, que amenazaba a las menores y las imponía un "pacto de silencio".

"Todas las perjudicadas constituyen un conjunto de personas que, en el momento de los hechos, se encontraban en el final de su infancia o inicio de adolescencia", indica la sentencia, que añade que algunas de ellas tenían problemas familiares como alcoholismo o separación de progenitores.

Estos problemas, señala, eran "lo suficientemente importantes para ser sugestionadas a través de una promesa de mejoría en el ambiente familiar o de los logros personales que podían alcanzar".