El 88 por ciento de los diputados del Congreso está pluriempleado

MADRID- El paro suma ya 5.693.100 personas, una cifra inédita en la economía española. Mientras, en el Parlamento español los diputados tienen «pluriempleo». La política es una profesión en la que la crisis aún no ha hecho estragos. Las declaraciones de actividades de sus señorías dan buena fe de ello. Y aunque apenas hay parlamentarios en nómina del sector privado, muchos compatibilizan su actividad política con bufetes de abogados y otro tipo de empresas de las que, en algunos casos, son titulares. La Comisión del Estatuto del Diputado ha autorizado en esta Legislatura 76 compatibilidades a otros tantos parlamentarios: 27 de ellos para ejercer la abogacía, 13 para ejercer la docencia y 19 para seguir llevando las riendas de sus empresas o desempeñar funciones ejecutivas en sociedades de las que son accionistas. Siete diputados tienen además el beneplácito de la Cámara para compatibilizar el escaño con el cargo de consejero de alguna caja de ahorro. Cuatro ejercen la medicina privada y otros tienen permiso para trabajar como editores, periodistas, ingenieros técnicos industriales, farmacéuticos… Claro que hay otros 71 que además de diputados son alcaldes o concejales, pero en este caso la ley sí les obliga a elegir entre uno de los dos sueldos, aunque si eligen el de diputado pueden cobrar dietas de las corporaciones locales.

Eterno debate. ¿Debe el diputado dedicarse en exclusiva al Congreso? La ley así lo exige. La realidad es otra. Izquierda Plural ha registrado una iniciativa en el Congreso para modificar el régimen de incompatibilidad de sus señorías. Su objetivo: dotar de mayor efectividad el marco jurídico vigente en materia de incompatibilidades y conflictos de intereses de miembros del Gobierno, de altos cargos de la Administración General del Estado y demás cargos públicos. El método: la revisión de los artículos 157 y 159 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General que regulan el pluriempleo de los políticos.

Según el informe de la Comisión del Estatuto del Diputado que ha manejado IU-ICV antes de redactar su propuesta, sólo el 12 por ciento de los miembros de la Cámara Baja no desempeña actividad privada, al margen de la parlamentaria. Y su propósito es que el mandato se ejerza en régimen de dedicación exclusiva y que sea incompatible con el desempeño de «cualquier otro puesto, cargo o actividad pública o privada retribuida mediante sueldo, arancel o cualquier otra forma».

La Izquierda sostiene que la legislación actual debería haber bastado para garantizar una adecuada separación entre lo público y lo privado, pero que la existencia de múltiples precedentes hace obligado concretar y mejorar la norma. Y además aprovecha para recordar que es necesario regular la actuación sometida al principio de transparencia de los denominados grupos de presión o «lobbies» en su relación con el poder ejecutivo y el legislativo de forma que nuestra regulación sea homologable a la de Alemania, países escandinavos, o EE UU, además de con la propia UE, donde se puso en marcha la Iniciativa Europea de Transparencia (ITE).

La prohibición alcanzaría además a la mera administración del patrimonio personal o familiar, cuando se tengan participaciones superiores al 10 por ciento en actividades empresariales o profesionales que tengan concierto o contratos de cualquier naturaleza con el sector público o sean subcontratistas o reciban subvenciones de cualquier tipo, con entidades que pertenezcan a sectores regulados total o parcialmente por el Estado.