Griñán usa la Justicia en Mercasevilla

El presidente autonómico, José Antonio Griñán, garantizó ayer que ya se ha emprendido «una investigación exhaustiva» sobre los expedientes de regulación de empleo (ERE) y, en caso de que se confirmen las irregularidades detectadas, se denunciarán en el juzgado. Ni una palabra de las pesquisas políticas que piden el Partido Popular e Izquierda Unida a nivel regional.

Griñán subrayó que está «dispuesto a investigar todos los ERE» de Mercasevilla, aprobados con el socialista Antonio Rivas como delegado provincial de Empleo y en los que han aparecido dos personas prejubiladas sin haber trabajado nunca en esta empresa municipalizada. El nombre de María del Carmen Fontela González está en documentos relacionados con el expediente de 2003 como perceptora de más de 154.000 euros, mientras a Antonio Garrido Santoyo se le adjudican más de 112.000 euros en retribuciones de la regulación de 2007.

Estrategia evasiva
Obviando que Garrido Santoyo fue dirigente del PSOE de Jaén hasta su reciente dimisión por este mismo escándalo, Griñán insistió en que la Junta remitirá su investigación «al juzgado en todo aquello donde se detecten irregularidades».

La secretaria regional de Organización del PSOE, Susana Díaz, abundó en esta estrategia evasiva acorazando a su organización política, personalizando toda irregularidad y calificando de «vergüenza» que «gente en un cargo de responsabilidad se aproveche para actuar al margen de la ley». Proclamó que la Junta y el Ayuntamiento serán «contundentes» al denunciar los presuntos actos delictivos en el juzgado, y defendió que «la Justicia debe caer implacablemente» sobre los protagonistas de esta polémica.

La «huida hacia adelante» del PSOE no es suficiente para el Partido Popular. Su máximo responsable andaluz, Javier Arenas, auguró en Vélez-Málaga que estas irregularidades «pueden llevarse por delante» al presidente Griñán, al vicepresidente tercero del Gobierno central, Manuel Chaves, «y a algún secretario de Estado». Insistiendo en que la inclusión en los ERE de Mercasevilla de personas que jamás pisaron la empresa es «un disparate y un escándalo monumental» y un «caso único en la historia», volvió a preguntar a Griñán «dónde está el dinero, a nombre de quién, cómo se hizo el libramiento y por qué tardó varios meses en cesar al delegado provincial de Empleo que estaba imputado», en referencia a Antonio Rivas y su inculpación por las presuntas comisiones ilegales reclamadas a La Raza por ex directivos del mercado central.

También el coordinador regional de IU, Diego Valderas, siguió reclamando una investigación «a fondo» sobre las prejubilaciones en Mercasevilla, pero no en el Ayuntamiento, sino en el Parlamento andaluz, que es donde «se da el visto bueno y se controla el ERE». Así pretendía negar la contradicción que supone que su grupo municipal rechazara la comisión investigadora propuesta por el PP en la última sesión plenaria del Consistorio.


Apuntes
- El portavoz municipal del PP, Juan Ignacio Zoido, calificó de «vergüenza» y «escándalo sin límites» que el PSOE e IU veten la investigación plenaria sobre los ERE de Mercasevilla, en vez de «ponerse al frente como socios mayoritarios».

- El coordinador regional de IU defiende a su grupo municipal afirmando que fue su portavoz, Antonio Rodrigo Torrijos, quien le solicitó que «inicie las comisiones necesarias para esclarecer» los ERE, yendo «a por todas», pero en la Cámara autonómica.

- En defensa de la subjefa de Licencias de Urbanismo, Emilia Barrial, salen medio millar de trabajadores de la Gerencia que rechazan por escrito su imputación por la venta del suelo a Sando.