El Supremo anula unas oposiciones que exigían catalán en plazas estatales

BARCELONA- La Generalitat no puede exigir el conocimiento del catalán a los que aspiran a obtener una plaza de funcionario de «habilitación estatal». Así lo ha establecido el Tribunal Supremo después de anular unas oposiciones que incluían pruebas de conocimiento de la lengua catalana para unos puestos cuyo desempeño podía realizarse «en cualquier corporación local de España».

«La valoración de la lengua catalana tiene justificación para la ocupación de puestos locales en Cataluña (...) pero ese mismo conocimiento resulta innecesario para para el desempeño de puestos en otras comunidades, a los que también pueden concursar quienes hayan obtenido la condición de funcionario con habilitación de carácter estatal», expone el Supremo.

La sentencia se produce después del recurso del Consejo General de Colegios Oficiales de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local, que recurrió contra las oposiciones «a la subescala de intervención-tesorería, categoría de entrada, de la escala de personal funcionario con habilitación de carácter estatal». El Supremo aceptó este recurso con el argumento de que quienes accedían a los puestos ofertados no tenían que ocupar sus plazas necesariamente en Cataluña.

«Tratándose de un proceso selectivo dirigido a obtener la condición de funcionario estatal, con posibilidad de servir puestos en cualquier Corporación local de España, carece de justificación razonable establecer como una parte o fase de ese proceso selectivo, con el carácter de obligada y eliminatoria, una prueba sobre conocimientos de lengua catalana», dice el Supremo.
De este modo, la prueba de catalán coloca, según el Alto Tribunal, «en una situación de injustificada desigualdad, en relación con quienes concurran en los convocados en otros territorios, a las personas que deseen participar en los procesos selectivos de acceso a la condición de funcionarios de habilitación estatal convocados por la Generalitat de Cataluña».