Los jueces advierten a CiU de que ha de velar por el castellano en las aulas

BARCELONA- La sentencia del Tribunal Supremo –de hecho, son tres– que obliga a que el castellano sea lengua vehicular en las aulas catalanas y que insta a la Generalitat a tomar «cuantas medidas sean precisas» para que así sea debe cumplirse sí o sí. Así lo advirtieron ayer los jueces ante el acuerdo sociovergente de blindar el sistema educativo –y la inmersión lingüística– y de ningunear al Alto Tribunal. Pero las reacciones a la decisión no se quedaron ahí, llegando algunas a exigir, incluso, la insumisión judicial.
«No puede –el Govern– dejar de cumplir la sentencia porque en un momento determinado no le beneficie», quiso dejar claro Miguel Ángel Gimeno, portavoz de la asociación Jueces para la Democracia. La Generalitat no puede, ni debe, desacatar la sentencia del TS porque «todas» las administraciones «han jurado fidelidad, acatar y cumplir la Constitución» y ello obliga, según el artículo 118 de la norma suprema, «no solamente acatar sino respetar y cumplir las sentencias firmes». Con tal contundencia se pronunció el portavoz de la asociación profesional de la Magistratura, José Antonio Ballestero.
Pero más aún, si el Govern sigue obstinándose, «el Poder Judicial dejaría de existir, la separación de poderes dejaría de existir y, por lo tanto, dejaría de existir el Estado de Derecho».
Del mismo riesgo advierte Francisco Caja, presidente de Convivencia Cívica Catalana, la entidad que ha asesorado a las familias que han visto reconocido el derecho a escolarizar a sus hijos en castellano. «Puede darse una situación muy grave», señaló Caja, y no sólo porque, una vez más, se mermen los derechos ciudadanos. Además, Caja prevé que, el próximo mes de enero, la entidad reciba numerosas consultas sobre cómo exigir al gobierno catalán, que en los casos particulares, se haga efectiva la sentencia del TS. «Habrá un aluvión de peticiones», aseguró, y añadió que si hasta ahora no han salido a la luz más casos es porque el proceso judicial por el que han de pasar las familias para reclamar sus derechos es «lento, costoso y difícil a nivel psicológico y físico». Pero ahora, como resaltó el Consejo del Poder Judicial, cualquier ciudadano puede invocar la resolución del TS para que se hagan efectivos sus derechos y que sus hijos puedan aprender también en castellano. Convivencia Cívica no escatimará esfuerzos para que las familias vean reconocidos sus derechos.
Por su parte, tanto la Confederación Católica de Asociaciones de Padres como la Confederación Española de Madres y Padres de Alumnos valoraron positivamente el veredicto del TS, al considerarlo una «sentencia razonable» ya que «en comunidades donde coexisten oficialmente dos lenguas, éstas deben convivir en igualdad de oportunidades».
Bilingüismo integral
En otro extremo, la asociación de Jóvenes Estudiantes de Cataluña instaron al Govern a desacatar la sentencia y que la inmersión lingüística se mantenga en las aulas. Asimismo, tildaron de ««absurda» y «desproporcionada» la sentencia, en un comunicado, Òmnium Cultural y Plataforma per la Llengua, entre otras. Y todo ello, a pesar de que, el propio TS considera que corresponde a la Generalitat establecer «la proporción» en que deba utilizarse el castellano en las aulas como «lengua vehicular», junto al catalán, del sistema educativo. Eso sí, siempre y cuando, el idioma no quede relegado a una simple asignatura y se garantice el bilingüismo integral defendido por la Constitución.
A esta declaración se sumó la Federación de asociaciones de Madre y Padres de Alumnos de Cataluña (Fapac), que opinó que el fallo «supone un ataque frontal al modelo de inmersión lingüística». La Fapac invitó al Govern a sobrellevar la sentencia «con plena normalidad, ya que no invalida la ley de Educación», al mismo tiempo que solicitó evitar el uso político del catalán.
Pero la batalla política está servida.

PUNTOS BÁSICOS
1/ Las sentencias
Tres sentencias del Tribunal Supremo constatan que, en el sistema educativo catalán, el castellano queda «excluido». Un situación que «no puede aceptarse», por lo que insta al Govern a implantar «cuantas medidas sean precisas» para que el castellano sea, junto al catalán, «lengua vehicular». De manera que los padres puedan escoger la escolarización en castellano de sus hijos.
2/ Ley de Educación
La normativa catalana blinda la inmersión lingüística iniciada en los años 80 en Cataluña. Establece que el castellano se imparte sólo en lengua y literatura castellana, es decir, dos horas a la semana. En cuanto al primer año de escolarización de los niños, si los padres manifiestan que quieren que sea en castellano, el centro separa al alumno del resto para impartirle clase.
3/ Estado de derecho
CiU entiende que la sentencia del TS no puede, por un lado, modificar la legislación catalana, y, por otro, que el propio fallo avala la inmersión lingüística catalana. Ante ello, PSC y CiU han pactado mantener el sistema educativo tal y como está. Los jueces señalan que «no se puede imponer» una lengua argumentando que el uso del catalán «todavía» no está normalizado.