Nuevo órdago de las tabaqueras

Philip Morris lanzó ayer un órdago al mercado y por extensión al Gobierno, al anunciar una rebaja de los precios de sus tres principales marcas de entre 20 y 30 céntimos, en un movimiento que la multinacional estadounidense obedece «exclusivamente a motivos de carácter competitivo» y que se produce como reacción a la bajada de precios de sus principales competidores. Hoy, salvo sorpresa mayúscula, el BOE publicará una resolución del Comisionado para el Mercado de Tabacos que recoge los nuevos precios de Marlboro (4 euros por cajetilla, tras una rebaja de 25 céntimos), Chesterfield (3,70 euros y una bajada de 30 céntimos) y L&M (3,40 euros y un descenso de 20 céntimos), tal y como adelantó LA RAZÓN ayer en su edición digital. Marlboro es la marca más vendida en España, con un acumulado de casi 110 millones de cajetillas en los cuatro primeros meses del año.

Chesterfield es la cuarta marca y L&M, la séptima. Desde el pasado 30 de abril, tres de las cuatro mayores tabaqueras del mundo –todas menos JIT– se han enfrascado en una «guerra de precios» que recuerda la vivida en el año 2006, y que obligó al Gobierno a subir la fiscalidad del tabaco y al establecimiento de un impuesto mínimo para acabar con las proliferación de las marcas de bajo coste, que habían llegado a copar cerca de la mitad del mercado. De hecho no se descarta que Altadis, BAT y JTI bajen los precios de sus cigarillos la próxima semana.

Obligada
Mientras Hernán Irigoyen, director de Asuntos Corporativos de Philip Morris España, insiste en que «la compañía se ha visto obligada a reaccionar de esta manera ante las dinámicas desatadas por nuestros competidores en un mercado tan deteriorado como el actual», Imperial Tobacco y BAT insisten en que la decisión es un nuevo pulso de la mayor tabaquera del mundo con el Gobierno, que persigue una modificación de la actual estructura impositiva del tabaco más favorable para sus intereses y que podría consistir en un nuevo incremento del impuesto mínimo y del impuesto específico para frenar el desarrollo de las marcas baratas.

Con datos acumulados de los cuatro primeros meses del año, las ventas de cigarrillos en España se han desplomado un 23,5%, desde los 1.149 millones de cajetillas entre enero y abril de 2009 a los 879,3 millones de este año. En euros, el descenso queda reducido a un 8,1% por el incremento de precios registrado en los últimos doce meses, que incluyen la subida en dos puntos porcentuales del IVA. Todas las marcas del «top ten» de ventas, con la únicas excepciones de Lucky Strike (BAT) y Winston (JTI), han perdido cuota de mercado como consecuencia de la crisis económica, que ha desviado el consumo de tabaco hacia las marcas más baratas y hacia el tabaco de liar. Esto explicaría en buena parte los movimientos de precios que se están produciendo desde finales del pasado mes de abril. BAT y Altadis (filial de Imperial Tobacco) incrementaron los precios de sus principales marcas en 10 céntimos, movimiento que no fue seguido en la misma proporción por Philip Morris, que mantuvo el de Marlboro, subió el de Chesterfield y bajó en cinco céntimos el de L&M. La respuesta de BAT y Altadis fue inmediata, recortando en 15 céntimos los precios.

El recorte de los precios acordado por Philip Morris puede ser el detonante de una nueva modificación de los impuestos que gravan el tabaco, toda vez que el principal perjudicado de esta nueva guerra de precios es el Estado. El tabaco es el producto de consumo más gravado en España. Un 80% de su precio de venta al público son impuestos, por lo que cualquier modificación a la baja corre a cuenta de las arcas públicas en la misma proporción. El tabaco está gravado por un impuesto especial formado por hasta tres componentes: un impuesto «ad valorem», (un porcentaje sobre el PVP que en la actualidad es del 57%), otro específico (se fija por unidad de producto y que está establecido en 12,70 euros por cada 1.000 cigarrillos) y un impuesto mínimo (116,9 euros por cada 1.000 cigarrillos), que se establece para asegurar la recaudación fiscal, que empieza a funcionar cuando el precio final es inferior a 3,66 euros. Una cajetilla con un PVP de 3,60 euros soporta unos impuestos de 2,34 euros; otra que se vende en estanco a 4,25 euros está gravada con 2,68 euros.

Reunión de los estanqueros para analizar la crisis
La Unión de Asociaciones de Estanqueros de España ha convocado una reunión para la próxima semana, con carácter extraordinario, para analizar las consecuencias de la «guerra de precios». «Tenemos que analizar lo que está pasando y las complicaciones que están surgiendo tras los cambios en los precios», señalaron a Europa Press en fuentes de la asociación, que precisaron que aún no se ha fijado una fecha para un encuentro con la vicepresidenta y ministra de Economía del Gobierno, Elena Salgado, para abordar medidas que frenen la «guerra de precios».