Malestar entre políticos y agentes sociales por su salida de las cajas

«Es un grave error». «El principio del fin de las cajas». «No era necesario». «Una pena, porque los políticos han realizado un gran trabajo al frente de las cajas». Éstas eran algunas de las frases más escuchadas ayer entre algunos políticos de la Comunidad, como el popular Antolín Sanz o el socialista Pedro Arahuetes, abulense y segoviano, respectivamente, tras conocer que la Junta daba luz verde al decreto Ley que adapta la normativa estatal en materia de cajas de ahorros.

Un decreto que aún debe ser convalidado por el Parlamento autonómico, pero que, como novedad, limita ostensiblemente la presencia de políticos en los órganos de dirección y endurece las incompatibilidades para poder presidirlas.

Así, no podrán estar al frente de ellas ni políticos electos ni altos cargos de las administraciones central, autonómica y local. Y, como novedad, la Junta amplía estas limitaciones al no poder ser tampoco elegidos presidentes aquellas personas que pertenezcan al Consejo de Administración y tengan operaciones financieras vinculadas a la caja participada.

Además, el decreto exige que al menos un 50 por ciento de los miembros de los grupos de representación del Consejo cumplan con los requisitos de profesionalización, excepto los empleados. Estas exigencias pasan por que tengan conocimientos de alta administración, dirección, control o asesoramiento en trabajos realizados durante al menos cinco años en entidades de ahorro. Y se refuerza también la mayoría por las que las asambleas deberán aprobar fusiones, integraciones en SIP o la transformación de una caja en una Fundación. De los dos tercios actuales se pasa a los cuatro quintos para adoptar acuerdos de este tipo. El vicepresidente segundo, Tomás Villanueva, destacaba que este decreto es «imprescindible para la permanencia en el tiempo de las cajas, que saldrán reforzadas, y porque facilita la reordenación del sistema financiero de Castilla y León».

Para los empresarios, el decreto es una mala noticia porque reduce la participación empresarial en las entidades por la vía de los impositores, cuya presencia se reduce un 5 por ciento. Y aunque valoran la profesionalización llevada a cabo «porque se garantizará una gestión eficiente», lamentan que la Junta «sólo haya incluido a un único representante del Diálogo Social en los órganos de gobierno de las Cajas». De la misma forma se expresan desde los sindicatos UGT y CCOO, para los que la Junta «ha incumplido el compromiso que adquirió hace dos años de negociar la normativa con los miembros del Consejo del Diálogo Social».