El PSOE y la Junta cuestionan en tromba las decisiones de Alaya

Sevilla- La ofensiva del PSOE y la Junta contra la instructora del caso de los ERE fraudulentos, Mercedes Alaya, subió ayer un grado. El primero en pronunciarse fue el secretario de Política Municipal del PSOE, Gaspar Zarrías, quien defendió que «no deja de ser paradójico» que el procedimiento «se haya convertido en un elemento estratégico del PP en esta campaña electoral» en Andalucía. De hecho, quiso evidenciar un «dato objetivo» desde el «máximo respeto» a las decisiones judiciales: existe «una sintonía absoluta entre decisiones y actuaciones de carácter político».
«Con eso no quiero decir nada más que lo que estoy diciendo», apostilló el diputado por el PSOE jiennense, quien recordó que se ha fijado la declaración de uno de los imputados –el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero– el día antes del comienzo de la campaña electoral, el 7 de marzo, y dos jornadas antes de la reflexión, la de otro –su ex chófer–. Una circunstancia que, en opinión de Zarrías, demuestra que la «única alternativa» del PP para Andalucía son los ERE.

A Zarrías se sumó la consejera de Presidencia, Mar Moreno, quien recurrió al portavoz de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, para hacer su crítica. Según la consejera, éste dijo que «la prudencia puede aconsejar retrasar determinadas resoluciones hasta que se resuelve el proceso electoral para no entorpecerlo» en relación al procedimiento de los expedientes de regulación de empleo. Aseguró compartir la opinión que atribuyó a los magistrados y que «cuesta trabajo entender cómo declaraciones judiciales que se han venido postergando a lo largo de muchos meses ahora se convierten en algo imperioso, justo en los 15 días de la campaña electoral». Aunque insistió en cubrirse: «No es una opinión del Ejecutivo, sino de la Magistratura».

Por su parte, el consejero de Empleo, Manuel Recio, señaló que «muchos ciudadanos» le comentan que «parece mucha casualidad» el aplazamiento hasta el 7 de marzo de la declaración como imputado de Guerrero y justificó las críticas del PSOE a las decisiones de Alaya al aclarar que los socialistas, lo que vienen a decir es que «muchas coincidencias al final dan una certeza».

Del otro lado, el presidente del PP-A, Javier Arenas, pidió a los socialistas el cese del «acoso» que están realizando a la juez, que consideró fruto del «pánico» que sienten «algunos dirigentes» del partido a que se conozca la verdad. Para el líder de los populares andaluces, sería «muy bueno» que el PSOE-A dejara de «acosar» a Alaya. Una estrategia socialista «desde el primer momento», que cree no impedirá, no obstante, que se conozca la verdad. «Ahí están los resultados», lanzó.

A Arenas le contestó el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, quien mostró su «sorpresa» por la demanda de su «oponente», cuando el PP es «especialista en perseguir» a los jueces que investigan «su corrupción», según manifestó. «Por eso sorprende –añadió– que puedan estar todo el día viendo si protegen o no a una juez determinada».

«Chorizo, putero y drogadicto»... pero en «clave política»
sevilla- El abogado del ex director general de Trabajo de la Junta, Francisco Javier Guerrero, Fernando de Pablo, presentó ayer en los juzgados una demanda de conciliación para que el presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, se «retractara» por haber llamado a su cliente «chorizo, putero y drogadicto» en el pleno de la institución. Unas acusaciones «atentatorias contra la verdad, el honor y la intimidad personal», según el texto. Villalobos defendió que las pronunció «en clave política, en el seno de un debate que no debe ser descontextualizado». Se prevé, por tanto, que la demanda por calumnias e injurias se formalice.