Garantizar la sanidad

El derecho de todos los españoles a acceder en condiciones de igualdad a la atención sanitaria, al margen del lugar de residencia, es uno de los grandes objetivos propuestos por la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, en su primera comparecencia ante el Congreso de los Diputados. Y llama la atención que algo que debería formar parte de la base consolidada de nuestro Estado de Derecho deba ser hoy reconquistado y que se precise de un pacto entre todas las autonomías para conseguir una tarjeta única sanitaria, un mismo catálogo de prestaciones mínimas, la libre elección de médico o un calendario único de vacunación. Las propuestas de la ministra Mato responden a las promesas que el Partido Popular incluyó en el programa electoral que obtuvo la mayoría absoluta el 20-N, pero además se trata de una medida de sentido común para acabar con situaciones kafkianas como la que permite hoy que a un europeo le sea más sencillo recibir asistencia sanitaria en cualquiera de nuestras autonomías que a un español que está fuera de su comunidad de residencia. El plan del PP de implantar la libre elección de médico y de centro sanitario recupera el papel protagonista de los ciudadanos como verdaderos propietarios del derecho a la sanidad, usurpado hoy por los territorios. En la misma línea, cabe destacar el anuncio efectuado ayer sobre nuevas medidas de apoyo a la familia, «que es la primera y la principal ONG de nuestra sociedad», que incluirán, en otras iniciativas, la revisión de los impuestos que pagan las familias o un apoyo más cercano a las víctimas de la violencia de género y a sus hijos. En el proyecto de reforma de la Sanidad del equipo de Rajoy se advierte el acierto de superar algunos de los desequilibrios generados durante el proceso de consolidación del Estado autonómico, que la crisis económica ha puesto ahora de manifiesto. Cuando el riesgo es que sean los ciudadanos quienes sufran recortes en prestaciones sanitarias, se entienden mejor tanto las propuestas de una central común de compras, un nuevo modelo de prestación farmacéutica y otras medidas como el replanteamiento de la ley de dependencia. En palabras de la ministra, se trata de «construir un pilar del bienestar social» en lugar de las «17 columnas distintas» que se han edificado bajo el mandato socialista. El Gobierno busca también en este campo el diálogo con todos los ejecutivos autonómicos para alcanzar un pacto que garantice las prestaciones porque, antes de pensar en posibles recortes de competencias, se debe avanzar en la consolidación de un modelo consensuado, más equilibrado y eficaz, en el que los derechos de los ciudadanos sean los mismos para todos. Como manda la Constitución.