Las farmacias catalanas desbordadas el día antes del euro por receta

A partir de la próxima medianoche, cada catalán que vaya a una farmacia con una receta expedida por el Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) deberá abonar una tasa de un euro -hasta un máximo de 61 euros anuales-, a excepción de unos 127.000 ciudadanos en riesgo de exclusión social que son beneficiarios de ayudas.

La tasa, con la que el Govern de la Generalitat quiere ingresar unos 100 millones de euros al año -50 millones este 2012-, sólo se aplica sobre medicamentos retirados con receta, así que el COFB estima que los usuarios, especialmente los crónicos, han avanzado la compra de los fármacos prescritos para este mes y prevé una caída de las ventas a partir de la semana que viene.

Concretamente, según datos recogidos por el COFB, el número de recetas dispensadas en las farmacias catalanas se incrementó en una horquilla de entre el 15 % y el 20 % en junio.

A lo largo de las últimas horas el sistema informático que gestiona las recetas ha estado puntualmente fuera de servicio, aunque tanto el COFB como el Departamento de Salud asegura que se trata de incidencias intermitentes, de poca duración, propias de días con alta actividad en la red.

Lo más probable es que los usuarios hayan ido a retirar con antelación los medicamentos para este junio, aunque no hayan gastado las reservas de meses anteriores, pero no significa que las prescripciones emitidas por los médicos hayan incrementado, señalan desde el COFB.

Así pues, al final del presente mes, es probable que la facturación de las farmacias catalanas sea similar a la de otros meses de junio pero con la mayoría de ventas concentradas en los primeros días.

El presidente del COFB, Jordi de Dalmases, ha insistido en los últimos días en que un farmacéutico no es un recaudador de impuestos, pero que la Ley de Acompañamiento de Presupuestos que incluye el tributo, acordada entre CiU y el PP, les obliga a reclamar el euro.

Si el usuario no lo quiere pagar, le entregarán igualmente el fármaco, pero deberá rellenar un formulario con sus datos que se trasladará al Departamento de Salud del Generalitat.

Será la administración catalana la encargada de reclamar el impuesto al ciudadano que no lo ha pagado, siguiendo los mecanismos y sanciones que estipula la Ley de Tributos.

 Tanto el Departamento de Salud como el COFB esperan que los casos de usuarios que no quieran pagar sean anecdóticos.