Aguirre quiere hipotecas sin letra pequeña

En concreto, lo que persigue esta norma –que la próxima semana será enviada a los consejos consultivos correspondientes– es garantizar a los consumidores un «derecho básico», aseguró el vicepresidente y portavoz regional, Ignacio González, como que los préstamos o créditos que firman en las sucursales de todas las entidades bancarias sean comprensibles en cuanto a, por ejemplo, si el titular del contrato de hipoteca incluye como garantía del préstamo la vivienda y el resto de sus bienes presentes y futuros, si el único aval es la casa sobre la que pesa el préstamo, o el uso de tecnicismos de difícil comprensión.

La modificación legal necesaria para poner en marcha este sistema, habitual en Estados Unidos, fue incluido por Esperanza Aguirre en su programa electoral de las autonómicas del pasado mes de mayo como «hipoteca a la americana» y no estuvo libre de polémica.

La ley del consumidor no regulará nada con respecto a esta medida –que supone un intento reglar la dación en pago o, lo que es lo mismo, que la vivienda hipotecada sea el único bien al que puedan agarrarse las entidades bancarias en caso de que los consumidores dejen de pagar sus recibos en concepto de vivienda–, porque, según González, de momento la normativa autonómica se limitará a exigir a los bancos que den información previa a sus clientes de las condiciones de sus contratos de forma clara, sencilla y fácilmente comprensible, en otras palabras, eliminar la letra pequeña para que todas las cláusulas se reflejen «en letra grande», explicó el vicepresidente.

La Comunidad de Madrid, añadió González, no tiene competencia para regular la dación de las viviendas en pago de las hipotecas ni la necesita, aseguró, «porque eso ya está hecho» en la Ley Hipotecaria.

Para lo que sí tiene competencias el Ejecutivo autonómico es para sancionar a las entidades de crédito que incumplan los criterios de transparencia, incluidos en la en el anteproyecto de ley del consumidor. Además, la norma incluirá el derecho del solicitante del crédito a pedir, sin coste alguno, una copia del contrato antes de su firma para poder examinarlo con calma, sin la presencia de trabajadores de la entidad.

Ahora esta norma será remitida al Consejo de Consumo, al Consejo Económico y Social, así como a las entidades bancarias, con el fin de que éstas puedan expresar sus opiniones y sugerencias sobre esta norma que se crea para proteger los derechos de sus clientes.