La desvergüenza habitacional

Afirmar que el precio de la vivienda en España constituye un verdadero escándalo constituye una obviedad tan evidente como la de señalar que si por algo destaca Leire Pajín no es precisamente por su inteligencia. Los datos proporcionados por la Sociedad de Tasación indican que los pisos nuevos han incrementado su valor en un 659% de media desde 1985. La cifra es pavorosa de por sí, pero obligan casi a prorrumpir en sollozos si se tiene en cuenta, por añadidura, que la inflación general sólo ha crecido un 161% y que incluso las viviendas han bajado algo desde su máximo, en 2007, cuando alcanzaron una revalorización del 791%. Estos datos medios se acercan a lo terrorífico en aquellos lugares donde hay nacionalistas por medio. Por ejemplo, en Barcelona los precios han crecido un 1.097% desde 1985 y en Vitoria, un 1.060%. Sinceramente, me gustaría saber cuántos españoles, compren o no piso, han visto que su salario se ha incrementado un seiscientos por ciento desde 1985. Para terminar de plasmar un panorama escandaloso, la burbuja inmobiliaria ha estallado, pero ni constructores, ni particulares, ni bancos ni cajas aceptan la bajada del precio de la vivienda y ésta sigue flotando por los espacios siderales a la espera –inútil en no pocos casos– de que los ciudadanos de a pie la alcancen. Lógicamente, habría que preguntarse cómo hemos llegado a tan deplorable situación y la respuesta es tajante e innegable porque la culpa de semejante situación la tiene la casta política y, de manera muy especial, el sector que circula por los campos de la izquierda y de los nacionalismos catalán y vasco. Durante décadas, los ayuntamientos han torpedeado la liberalización del suelo, lo que ha tenido como consecuencia directa que el precio de éste subiera descontrolado, que no pocos políticos se hayan llenado bolsillos y maletines y que la vivienda, bien de primera necesidad, se haya convertido en inasequible para millones de españoles. Únicamente hubo un intento en la dirección de corregir semejante abuso y tuvo lugar en la época de Aznar, pero en esa ocasión, la nefasta alianza del PSOE y del nacionalismo catalán permitió que el Tribunal Constitucional decidiera que el Gobierno nacional no podía liberalizar el suelo y lograr la rebaja del precio de la vivienda, porque el suelo tenía que estar en manos de los gobiernos autonómicos y, en especial, de esa Cataluña que ya acumula el 38% de la deuda de las comunidades autónomas. Tras aquella sentencia, ni siquiera el PP se atrevió a impulsar por segunda vez la indispensable batalla de la liberalización del suelo y los resultados son obvios. Para beneficio de la casta política, los españoles pagan por el chamizo mayor o menor donde tienen que dar por sus huesos cada noche una cantidad que supera con mucho lo razonable y que, pasados aquellos tiempos en que se entregaba una módica entrega y se firmaban letras, les obliga a entregar a cualquier entidad crediticia el doble del ya astronómico precio de cada inmueble. No está mal, no, porque, como tantos otros abusos de la casta política –desmadre autonómico, privilegios de legisladores, liberados sindicales, subvenciones diversas…– este comportamiento ha contribuido y contribuye no poco al desastre económico e institucional en que nos hallamos metidos (nunca mejor dicho) hasta las cejas. Desvergüenza habitacional creo que lo llaman.