La escuela concertada pide créditos ante el retraso de los pagos del Govern

BARCELONA– Tras siete meses sin recibir las subvenciones para actividades complementarias y otras partidas adicionales, la deuda de la Generalitat alcanza los 3,5 millones de euros. Para la mayoría de estas escuelas, la situación empieza a ser insostenible: se agotan las reservas propias y los intereses de las líneas de crédito obligan a endeudarse.

«Sólo en este centro, el Govern nos debe 270.000 euros», lamenta el director general de la Fundació Escola Vicenciana, Xavier Muniesa, entidad que gestiona la Escuela Labouré. «Nuestra entidad tiene en total 15 centros educativos: 11 de ellos en Cataluña, tres en Baleares y uno en Aragón. En conjunto tenemos una deuda de la administración pública de 1,3 millones de euros, la mayoría de la Generalitat de Cataluña», cifra Muniesa.

«Hasta ahora vamos tirando con líneas de crédito de entidades bancarias, pero ello comporta tener que devolver unos intereses y estos tienen un coste difícil de soportar», lamenta. «También hemos podido sobrevivir unos meses con reservas propias y hemos recibido un soporte puntual de las Hijas de la Caridad», explica Muniesa, muy preocupado por el futuro de las escuelas. «Estamos financiando nosotros a la Administración, pero todo tiene un límite», asiente.

Agosto, fin de las ayudas
«La Generalitat ha anunciado que en agosto ya no recibiremos las ayudas para el contrato-programa, equivalente a las sexta hora en la escuela pública, de modo que seguramente nos veremos obligados a hacer una reestructuración», avanza Muniesa, que especifica que la Escuela Labouré no puede subir las tarifas ya que sus alumnos son niños de familias necesitadas.

Este centro se encuentra en el barrio del Raval, en Ciutat Vella, y el 80 por ciento de su alumnado es inmigrante. «Tal y como quiso San Vicente de Paúl, nuestro inspirador espiritual, nos dirigimos a las personas más necesitadas y somos escuelas con familias de perfil socioeconómico bajo, con mucha gente de origen inmigrante», detalla. «Estamos haciendo mucha labor que debería hacer la escuela pública», denuncia Muniesa.

«Las ayudas del contrato-programa son subvenciones que empezaron a otorgarse en el curso 2006-2007 en escuelas concertadas para actividades complementarias en centros donde se concentraba un mayor número de alumnado con necesidades educativas específicas, y están estrechamente relacionadas con la inmigración», explica el secretario general adjunto de la Fundació Escola Cristiana de Cataluña, Carles Armengol, cuya entidad tiene 23 escuelas afectadas por los restrasos de la Generalitat en los pagos de este programa.

«La Generalitat dice que el pago se realizará, pero el departamento de Economía no se quiere comprometer aún en dar una fecha ya que no tiene aún el calendario previsto de los pagos», explica Armengol. «Esto provoca que muchas esuelas no vean la salida y tengan que endeudarse», denuncia Armengol. «Muchos centros están al límite, aguantan como pueden, es una situación muy crítica y tarde o temprano se verán obligados a despedir profesorado», alertó.
Armengol lamenta que los pagos que no se están realizando son «muchos». Por una parte, «todas las escuelas concertadas de Cataluña, cerca de unas 700, sufren un retraso de dos meses en el cobro de los gastos de funcionamiento subvencionados por el Govern», denuncia.
«Además, un centenar de guarderías no están recibiendo las subvenciones para los niños de 0 a 3 años que se otorgan para reducir el precio que ponen las familias. Aunque estas ayudas ya está adjudicadas, no se están haciendo efectivas», sentencia Armengol.

Mollet exige los intereses de los retrasos
Ante el anuncio de la Generalitata de aplazar sin fecha el pago a los ayuntamientos la subvención para las guarderías referente al curso 2010-2011, el alcalde de Mollet el Vallès (Barcelona), Josep Monràs, estudiará medidas para pedir al Govern que pague los intereses de este retraso. Concretamente, la Generalitat debe 376.000 euros correspondiente al curso anterior a los que hay que sumar las subvenciones del curso actual, que se inició en septiembre. Igual que la mayoría de municipios catalanes, el Consistorio se ha visto obligado a hacer frente al coste de estos servicios, al avanzar el pago a las guarderías, algo que corresponde a la Generalitat.