Sólo 212 ocupados sostienen a cada pensión española

MADRID- No es ningún secreto que desde hace unos años la sostenibilidad del sistema público español de pensiones preocupa, y mucho, a todos los inquilinos de La Moncloa. En un país con una de las tasas de natalidad más bajas de Europa y en constante descenso–1,35 hijos por mujer en 2011–, el envejecimiento de su población es cada vez más acusado, lo que lleva de forma irremediable a que cada vez haya más jubilados y menos trabajadores. Una circunstancia que impacta de forma notable en el sistema de pensiones, pues son los trabajadores en activo los que, con sus aportaciones a la Seguridad Social, pagan las pensiones.

El problema demográfico, que no es nuevo, se ha visto agravado en los últimos años por la crisis, que se ha convertido en una trituradora de empleo en España, reduciendo de forma significativa el número de cotizantes. A finales de 2007, en los albores de la recesión, había 19.195.755 afiliados ocupados, es decir, con empleo. El pasado mes, la cifra se había visto reducida a 16.875.350, algo más de 2,3 millones menos. De igual manera, en 2007 había 7.586.574 pensionistas afiliados al sistema, cantidad que en este momento ha crecido en algo más de un millón y medio, hasta los 8.108.855.

El resultado de la combinación de ambas evoluciones es que mientras hace cuatro años y medio había 2,53 trabajadores por cada pensionista, ahora apenas si hay 2,12, según recoge la estadística sobre paro registrado de julio del Ministerio de Trabajo. La ratio se elevaría hasta los 2,42 si se contabilizan los afiliados sin empleo.

Los 2,12 ocupados por pensionista representan la cifra más baja desde 1999, cuando era del 2,10, y dejan al sistema muy cerca del denominado «límite de sostenibilidad», que marca el mínimo de trabajadores que debe haber por cada pensión para que el sistema sea viable y que se establece en dos trabajadores por cada jubilado, con lo que la actual situación complica la ya delicada situación de la Tesorería de la Seguridad Social.

La baja afiliación no es el único problema importante para las arcas del organismo. Los datos del denominado «efecto sustitución», que mide la diferencia entre las nuevas pensiones y las que se dan de baja, tampoco son alentadores. No sólo por el incremento en el número de pensionistas, sino también por la cuantía de lo que perciben. Según las estadísticas oficiales, en el mes de junio las altas en el sistema de pensiones sumaron 44.781, mientras que las bajas definitivas fueron de 30.519, algo más de 15.000 menos. Además, los nuevos pensionistas tenían derecho a una pensión media de 997,97 euros, frente a los 804,57 euros de media que cobraban los que causaron baja, lo que implica un mayor gasto para las arcas de la Seguridad Social de casi 200 euros mensuales por cada nueva pensión.
Futuro

Las proyecciones oficiales, lejos de mejorar las cosas, siembran más dudas sobre la viabilidad del sistema. Los cálculos estiman que el número de pensionistas se duplicará de aquí a treinta años y que en 2060 los mayores de 65 años representarán el 59% sobre el total de activos. Más difícil resulta cuantificar cuántos cotizantes habrá para sufragar las pensiones. Y episodios como la crisis actual desbaratan todavía más los cálculos.

A la vista de estos datos y de diversos estudios internacionales que así lo solicitaban, el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero y los sindicatos acordaron a principios del pasado ejercicio una reforma del sistema de pensiones para garantizar su viabilidad, o retrasar en la medida de lo posible su posible declive, con una serie de medidas que combinan la prolongación de los años en activo de los trabajadores con un nuevo cálculo que, en la práctica, rebajará la cuantía de las prestaciones. La reforma, que se pondrá en marcha el año próximo, contempla el retraso paulatino de la edad legal de jubilación desde los 65 años actuales hasta los 67 años y de la edad mínima hasta los 63 años. Además, también se amplía de 35 a 37 el número de años que es necesario haber cotizado para cobrar el 100% de la pensión. No obstante, un trabajador se podrá seguir jubilando a los 65 años y cobrando el total de la pensión si ha cotizado 38,5 años. En lo que se refiere al cálculo de las pensiones, se amplía el plazo de los últimos 15 años de la vida laboral a los últimos 25 años.

En una época como ésta de recortes, la tentación para atajar de forma rápida el crecimiento del gasto en pensiones sería la reducción de su cuantía, pese a que no son muy elevadas. Sin embargo, el Gobierno de Mariano Rajoy ya ha anunciado que no está dispuesto a traspasar esa línea roja.

El sistema cuenta también con la red de seguridad que le proporciona el Fondo de Reserva de la Seguridad Social. La conocida como «hucha de las pensiones» fue creada durante la época de Gobierno de José María Aznar para garantizar el pago de estas prestaciones en momentos de dificultades para la Seguridad Social. En estos momentos, sus arcas cuentan con algo más 68.000 millones de euros que el Gobierno, en la medida de lo posible, trata de preservar.

Ayudas para el alquiler
El Consejo de Ministros aprobó el viernes la concesión a los pensionistas no contributivos de un complemento de 525 euros para el alquiler de vivienda. Con esta medida se da cumplimiento al real decreto-ley del pasado 30 de diciembre, para la corrección del déficit público y el precepto correspondiente de los Presupuestos Generales del Estado para el presente ejercicio. La cuantía de este complemento es de 525 euros anuales, «una partida que no se ha reducido respecto a los dos años anteriores», según Sanidad. El real decreto regula el reconocimiento y el abono del complemento, los procedimientos de solicitud y el contenido y requisitos que hay que cumplimentar. Entre los requisitos para acogerse al complemento figuran el tener reconocida una pensión de jubilación o invalidez de la Seguridad Social en su modalidad no contributiva.