Las actas de los ERE en un armario blindado

Ni la custodia de los diamantes de Tiffany's levanta tanta expectación como las 480 actas de los consejos de Gobierno de la Junta de Andalucía, que ya se encuentran en un armario acorazado de los juzgados sevillanos, con cámaras y personal de seguridad las 24 horas.

Ante el segundo ultimátum de la titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, quien el lunes instó a la Junta a que entregara en un plazo de 72 horas las actas desde el año 2001, ya que, de no hacerlo, el incumplimiento de esta medida cautelar supondría un delito de desobediencia a la autoridad judicial, el Gobierno andaluz accedió a trasladar los documentos, pasadas las dos de la tarde, en once sobres lacrados.

Una vez completado este trámite, en el que ha quedado manifiesta la desconfianza entre la Junta y la juez –quien receló incluso en un auto de que las actas pudieran manipularse–, ahora el juzgado elevará este contencioso al Tribunal de Conflictos de Jurisdicción del Supremo, quien tendrá que pronunciarse. El plazo puede prolongarse entre tres o cuatro meses, pasadas ya las elecciones de mayo.

La Junta avanzó el pasado 29 de marzo que se negaba a acceder a la petición de la juez de remitir todas las actas de los consejos de Gobierno desde 2001. Ese año se produjo un movimiento clave en la madeja de la trama: la Consejería de Empleo y el extinto IFA –ahora IDEA– firmaron un convenio por el que las ayudas para prejubilaciones y empresas en crisis pasaban a tramitarse a través de una transferencia de financiación de explotación, y desde entonces no pasaron ni por el Consejo de Gobierno ni por el BOJA. Más de 700 millones se han librado hasta 2010 siguiendo este procedimiento opaco, sobre el que alertó al menos en siete ocasiones entre 2002 y 2008 la Intervención General de Hacienda, ya que se estaban produciendo desajustes presupuestarios y la Dirección General de Empleo tramitó las subvenciones «prescindiendo de la forma total y absoluta del procedimiento administrativo establecido». Intervención ordenó que esas advertencias las conociera el entonces consejero de Economía, José Antonio Griñán. Su ex viceconsejera alega que no le informó. Y ahí es donde está verdaderamente la importancia de las actas que reclama Alaya.

Por su parte, el Gobierno andaluz se aferra a la Ley 6/2006 del Gobierno de la comunidad autónoma, que establece que «las deliberaciones del Consejo de Gobierno, así como las opiniones o votos emitidos en él, tendrán carácter secreto».