Sevilla
Consejerías y la sede del Defensor entre los bienes que baraja vender la Junta
El Gobierno andaluz tiene prácticamente ultimado el conjunto de edificios públicos que prevé enajenar para obtener liquidez. La Consejería de Hacienda y Administración Pública ha mantenido hasta el momento un total hermetismo sobre este asunto.
Un avanzado documento de trabajo al que ha accedido LA RAZÓN pone de relieve que la Junta baraja la venta de 76 inmuebles repartidos por todas las provincias. Consejerías, sedes de organismos oficiales y numerosas delegaciones provinciales están a un paso de colgar el cartel de «se vende».
La mayoría se localizan en la capital hispalense. Un total de 34. Las direcciones aportadas en el mencionado documento de trabajo se corresponden con la Consejería de Salud, de Agricultura y Pesca o de Gobernación. Figuran además la Delegación Provincial de Cultura, de Gobernación y Justicia, Obras Públicas, Agricultura y Turismo, Comercio y Deporte.
Edificios relevantes
Las sedes del Defensor del Pueblo, del Instituto Andaluz de la Mujer, del Consejo Económico y Social o de Inturjoven destacan asimismo entre los edificios más relevantes, a los que se puede añadir la oficina del Servicio Andaluz de Empleo de la calle Alfonso XII de la capital hispalense o la que se encuentra en la calle Febo. En el resto de provincias, una gran parte de los inmuebles corresponde a las sedes de las delegaciones provinciales. De Agricultura y Pesca en Almería, de Economía en Cádiz y Huelva, de Igualdad y Bienestar Social en Córdoba, de Cultura en Granada, de Educación en Jaén. En Málaga, el Edificio de Usos Múltiples de la Avenida de la Aurora 47 alberga las delegaciones provinciales de Educación, Agricultura y Pesca y Turismo, mientras que en Compositor Lehmberg están las delegaciones de Obras Públicas y de Economía.
Los planes del Gobierno andaluz –tal y como detalló la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, en la presentación de la envolvente financiera a mediados de octubre– pasan por obtener una vía extra de financiación a través de la venta de edificios de su propiedad –entre 80 y 90 fue la primera cifra–, a lo que habría que añadir los bienes entregados por el Estado como parte de la liquidación de la deuda histórica. Todos estos activos generarían ingresos por valor de 951 millones de euros, incorporados ya en el Presupuesto.
¿Dónde reside el punto más polémico? Serán empresas públicas –Agesa y sogefinpa– las encargadas de comprar esos inmuebles. En unos casos los venderán y en otros los cederán a la Junta en régimen de alquiler, una de las fórmulas que ya dejó entrever el presidente andaluz en el Debate sobre el Estado de la Comunidad. De este modo, Andalucía podría aumentar su margen de endeudamiento, tal y como ha reclamado insistentemente Griñán, pero por la puerta de atrás. Es decir, a través del entramado empresarial, por lo que la polémica está servida.
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