La economía sumergida equivale al Presupuesto anual de Castilla y León

Valladolid- Son más de 10.000 millones de euros lo que mueve la economía sumergida en Castilla y León. Es decir, entre el 20 y el 25 por ciento del Producto Interior Bruto regional o lo que supone el Presupuesto de la Junta para el año 2010. Así lo estiman los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), que calculan que la recaudación fiscal derivada del afloramiento de dicha actividad ilícita se estima que estaría en torno a los 2.000 millones de euros para las arcas de la Comunidad.
Una de las propuestas desde Hacienda pasa por limitar el uso del dinero en efectivo, que supondría una reducción sustancial de la evasión fiscal. De esta manera se propone que las facturas de más de 1.000 euros pagadas total o parcialmente en metálico, con cheques bancarios o documentos al portador no sean deducibles del IRPF, el Impuesto de Sociedades y el IVA.
Uno de los sectores que abandera la economía sumergida ha sido el de la construcción, en dos frentes. Por un lado, desde los sindicatos se denuncia que han sio numerosas las constructoras que han empleado a trabajadores pagándoles «bajo cuerda», es decir, sin cotizar a la Seguridad Social. Por otro, la compraventa de viviendas, con un precio menor en los papeles de compraventa al realmente «comprado» para no tener que pagar IVA.

Control de la Junta
Por ello, desde la Consejería de Hacienda de la Junta se viene trabajando en los últimos meses a través de controles intensivos y extensivos que ha dado como fruto el afloramiento el pasado año de 126,4 millones ocultos.
La consejera de Hacienda, Pilar del Olmo considera imprescindible para este fin «la colaboración de los órganos tributarios estatales», al ser estos los que disponen de la información derivada de la gestión de los grandes tributos estatales y las bases de datos con información de toda España.
Hasta la fecha, dicha colaboración se viene produciendo en materias como el intercambio de información en operaciones donde existen dudas si están sujetas a IVA o Transmisiones Patrimoniales, así como en la elaboración del censo de contribuyentes.
Entre las medidas solicitadas ya por la Junta se encuentra la ampliación de los accesos a la información contenida en las bases de datos de los impuestos nacionales respecto de los contribuyentes residentes en la Comunidad. Además se ha pedido la colaboración del departamento de Recaudación de la Agencia Tributaria en el seguimiento de las deudas tributarias de los contribuyentes que se encuentren en situación de concurso de acreedores.
Otra de las solicitudes pasa por un nuevo desarrollo del modelo de financiación para que Castilla y León pueda participar en los planes de control de la AEAT, que «reforzaría la verdadera autonomía financiera de las Comunidades Autónomas», advierte Pilar del Olmo.
La Junta durante el pasado año realizó un total de 31.197 actuaciones que dieron como resultado recaudar más de 126 millones de euros. Sólo por el importe de Sucesiones y Donaciones afloraron 71,4 millones aunque el grueso de las liquidaciones complementarias (26.788 operaciones), vino de la mano del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

Más recaudación
Desde Gestha también apuestan por nuevos tipos impositivos para una mayor recaudación anual. La piedra angular de este proyecto se centra en la creación de un nuevo gravemen para aquellas empresas cuya facturación supere los 45 millones de euros -que eleve del 30 al 35 por ciento el gravamen aplicable a los beneficios que superen el millón de euros. Con esta medida en Castilla y León se recaudarían 444 millones al año.
El otro gran campo de batalla se basa en la creación de un Impuesto sobre la riqueza que supere los defectos y vías de elusión del Impuesto de Patrimonio, recuperado parcialmente en los dos próximos ejercicio.
Y tanbién echan un cable a las pymes y autónomos al sugerir que el devengo del IVA se pague en el momento del cobro parcial o total de la factura, para que no adelanten a la Hacienda Pública una cantidad que no han cobrado, y que en muchos de los casos no llegarán a cobrar, mientras que otras empresas se deducen un IVA que no han pagado y que puede que no paguen nunca.