Energía
Industria prepara una amplia liberalización del sector eléctrico
El Gobierno estudia reducir la tarifa de último recurso y transferir clientes al mercado libre
MADRID– Veinte millones de clientes, la inmensa mayoría de los hogares españoles, están acogidos a la Tarifa de Último Recurso (TUR), la tarifa «refugio» que se creó en julio de 2009 para proteger a los consumidores y evitar que la liberalización del sector pudiera tener consecuencias adversas para algún colectivo. Atendiendo a las recomendaciones de la UE durante esta transición al mercado libre eléctrico, se creó una tarifa para los consumidores con una potencia contratada menor o igual a 10 kilovatios-hora.
Aquellos consumidores con una potencia igual o inferior a 3 kilovatios-hora o con alguna salvaguarda (familias numerosas, jubilados con la pensión mínima o familias con todos sus miembros en el paro) podrían refugiarse en el denominado Bono Social, siempre en la vivienda habitual, con una tarifa congelada sensiblemente inferior. Unos tres millones de consumidores están cubiertos por esta ayuda. La filosofía de la TUR, que se aplica por defecto salvo que se pida lo contrario, era hacer una transición hacia las tarifas sin intervención administrativa. Pues bien, ese momento parece haber llegado, ya que el Gobierno estudia la liberalización en «profundidad» del mercado eléctrico, según avanzó a LA RAZÓN el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria.
La reforma que ultima Soria contempla la posibilidad de rebajar la TUR por debajo del límite de los 10 kilovatios-hora, lo que implicaría que, automáticamente, una buena parte de esos 20 millones de clientes tendrían que salir al mercado libre. La medida es una de las viejas reivindicaciones de las cinco grandes compañías eléctricas agrupadas en la patronal Unesa y no implicaría, en principio, grandes variaciones para los clientes, que incluso podrían ver abaratada su factura final en función de las condiciones que pacten con las comercializadoras. El margen medio de ahorro para los hogares –con una potencia media contratada de 4 kw– sería de apenas un puñado de euros, pero al menos la medida no tendría costes para los particulares.
Sin incentivos de búsqueda
El margen de maniobra entre la TUR y el mercado libre es tan estrecho que, desde su creación, el 80% de los clientes que se acogieron a esta tarifa permanece en ella. Según fuentes del sector consultadas por este diario, de 28 millones de suministros totales, unos 26 millones podrían disponer de la TUR y de éstos, entre 22 y 24 millones están acogidos a esta tarifa. Industria admite que el hecho de que los clientes hayan visto cómo la TUR no subía hasta ahora ha desincentivado su salida a la búsqueda de ofertas.
Como esta tarifa, en la que trabaja la mayoría del mercado, no permite variación alguna –pues es la suma de dos términos fijos–, la competencia es inexistente y juega en contra de los consumidores. La TUR es la suma de dos términos: el tramo regulado, que supone aproximadamente el 48% de la factura y donde el Gobierno incluye las ayudas a diferentes sectores y demás peajes de la política energética, y el precio real de la energía, que se determina por las subastas semestrales Cesur (Coste de Energía para el Suministro de Último Recurso) y que supone el 52% restante de la TUR.
La reducción del umbral de la TUR implica que el Gobierno no conocerá el coste de la energía de esos clientes que pasarían al mercado libre y, por tanto, no podría utilizar a discreción un alza o baja del tramo regulado en función de si sube o baja el precio de la energía. En la última subida de la TUR del pasado 30 de marzo, aprovechando la caída del precio de la energía de un 7% en la subasta de la Cesur, el Gobierno aumentó un 20% los peajes de acceso para una subida total del recibo doméstico del 7% con la que afrontar el desajuste creado por haber congelado el recibo a principios de año.
Según remarcan diversas fuentes, el Ejecutivo tendrá que tener mucho cuidado a la hora de «jugar» con los peajes de acceso pues no tendrá como referencia el precio de la energía de esos consumidores «liberalizados».
En cualquier caso, Soria está decidido a abrir el sector como parte de la gran reforma energética que prepara y que podría anunciar en fechas próximas. «La TUR está ahora en 10 kilovatios, algún estudio he visto apuntando a la disminución. En la medida en que disminuya supone una liberalización de la TUR. Y yo de lo que soy partidario es de que el precio refleje exactamente los costes, pero los costes reales del mercado, no costes que le vayamos metiendo. Por eso, vamos a profundizar en la liberalización, pero de verdad», concluyó Soria en un reciente encuentro con este diario.
Aunque esta liberalización no es una «panacea» para las cinco grandes eléctricas, sí podría mitigar en parte los recortes presentes y futuros en las partidas que recibían vía peajes de acceso.
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