Test de esfuerzo para las nucleares europeas

Alemania anunció ayer que congela su intención de alargar la vida de las centrales, mientras Suiza no concederá nuevas licencias y no renovará su parque. Los socialistas europeos volvieron ayer a pedir que se termine con la energía nuclear. Austria, uno de los países donde gobiernan, y antinuclear por tradición y por ley, pidió que se ponga a prueba la seguridad de las 141 centrales nucleares del continente, la mayor concentración regional del planeta.

En un año plagado de elecciones regionales, el Gobierno alemán impondrá una moratoria de tres meses en la extensión de la vida de las centrales, tema con una enorme carga política en el país, y donde se iban a prolongar una media de 12 años su uso. Durante esta moratoria, además, se revisarán los estándares de seguridad de las instalaciones.

La revisión de la seguridad en toda la UE será una de las ideas que se discutirá hoy en la reunión ministerial de urgencia convocada por la Comisión Europea, y a la que además de los Veintisiete están invitados los reguladores nacionales, así como los responsables de las principales empresas nucleares, y la patronal del sector (Foratom). Desde España acudirán los responsables de Iberdrola, Endesa, y Gas Natural también está invitada.

Críticas ecologistas
Fuentes comunitarias indican que el comisario de Energía, Günter Oettinger, tiene intención de poner sobre la mesa el refuerzo de la seguridad. La UE cuenta desde 2009 con una legislación que convierte en obligatorios los estándares que recomienda el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA). Sin embargo, esta «legislación de mínimos» es considerada insuficiente por los ecologistas. Jan Haverkamp, responsable de Greenpeace para temas nucleares, critica que la norma europea se guía por principios de «rentabilidad económica» al hablar de requerimientos de seguridad, y pide que se eleven los requisitos. Además, aunque esta norma debería mejorar la transparencia, explica por teléfono que «el secretismo» del sector sigue siendo costumbre. Por eso, muestra suspicacias respecto a la efectividad de las pruebas al sector.

Por motivos diferentes, este escepticismo a las pruebas es también compartido por la patronal nuclear europea. Su director, Santiago San Antonio, recuerda que las empresas se realizan controles unas a otras y los reguladores nacionales también inspeccionan la seguridad, con inspectores residentes en las propias plantas que rotan periódicamente. Respecto a la reunión de hoy, indica que el sector «apoyaría una armonización de la legislación actual», aunque no necesariamente implica un reforzamiento de la seguridad. «Las centrales nucleares ya están suficientemente reguladas», opina, prefiriendo que los «estándares más elevados de lo obligatorio» que cumplen los propietarios de las centrales sean voluntarios.

En el punto de mira están las «hermanas» de la planta de Fukushima en Europa: las españolas de Garoña (Burgos) y Cofrentes (Valencia) y otra central en Suiza. Sin embargo, tanto los expertos como los ecologistas coinciden en que este tipo de central (que genera la electricidad por agua en ebullición) no es más peligroso que las demás.

El accidente japonés «afectará a la opinión pública», reconocen desde el propio sector. El impulso que había recobrado la energía nuclear, alimentada por la escalada del petróleo, la alta dependencia energética europea y la necesidad de combatir el cambio climático, había creado un nuevo renacer en Europa. Finlandia, Francia y Eslovaquia tienen plantas en construcción. Silvio Berlusconi quiere que un cuarto de la energía italiana sea nuclear y otros países del Este buscan sumarse al club, aunque tienen problemas para encontrar inversores, como sucede en Bulgaria, y puede que también en Rumanía.

La prolongación de la vida de las centrales, materia que compete a los Estados miembros, sigue siendo uno de los temas más espinosos. Con una vida media entre los 30 y 40 años, la Comisión observa que reguladores como el estadounidense prevé la vida útil hasta los 60 años, aunque sus expertos advierten que todavía «quedan muchas cuestiones sin resolver».