Ilegalización de Sortu ya

Los informes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional sobre Sortu han confirmado lo que era una evidencia sólo negada por los ingenuos o los malintencionados. Lo han hecho con una batería de pruebas que demuestran que la nueva marca proetarra es una continuación de Batasuna y que, por tanto, incumple la Ley de Partidos. Los documentos y datos aportados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han sacado a la luz el iceberg que escondía a duras penas el protagonismo activo en este proceso de las caras batasunas de siempre. Los Rufi Etxeberria, Iñigo Iruin, Joseba Permach, Tasio Erkizia o Marian Beitialarrangoitia han sido y son representantes de un colectivo dependiente y sumiso a las órdenes de ETA. Sus discursos tampoco han sido sustancialmente distintos a los que han desarrollado en cada ocasión que se han jugado la presencia en unas elecciones o cuando la coyuntura terrorista así lo ha demandado. Su rechazo de la violencia no ha sido otra cosa que una argucia por imperativo legal para burlar la norma, pero ni existió condena de ETA, ni de su historia ni de sus asesinatos. Al contrario, fueron y son justificados como actos imprescindibles para alcanzar las metas. Como olían y hablaban como batasunos, debían de ser batasunos. Una lógica aplastante que la Guardia Civil y la Policía, en un impecable y rápido trabajo, han sostenido documentalmente con textos de la banda terrorista, que prueban que Sortu es un «instrumento de Batasuna» al servicio de ETA. La banda había planeado con detalle el proceso con una nueva marca que pudiera concurrir a las elecciones. Además, los informes policiales ponen el acento en la abrumadora presencia de portavoces, dirigentes e incluso alcaldes y concejales de los distintos sucedáneos de Batasuna, ya ilegalizados. Y van, además, un paso más allá para adelantarse a los futuros movimientos del entramado terrorista cuando concluyen que el acuerdo estratégico de Batasuna y EA «no puede considerarse ajeno a ETA». Después de las aportaciones de la Guardia Civil y de la Policía, pensamos lo mismo que cuando los proetarras y la propaganda nacionalista, con la colaboración impagable de aliados como Jesús Eguiguren, deslizaron el mensaje de que la izquierda abertzale se había distanciado para siempre de ETA y que el terrorismo tocaba a su fin. Entonces, defendimos que se trataba de la enésima maniobra tramposa y hoy insistimos en que es una estratagema para burlar la Ley, lo que ha sido refrendado por los hechos. El Gobierno, superada la fase dubitativa y peligrosa, ha anunciado que Sortu no podrá ser legal y los tribunales disponen de la suficiente carga inculpatoria para que el caso no admita duda. Sortu debe ser ilegalizado cuanto antes para que el Estado de Derecho no se distraiga y esté atento a los nuevos planes de ETA para participar en los comicios. Todos ellos deben fracasar mientras no se dé la única condición que demostraría que estamos en una nueva etapa: la rendición de la banda y la asunción de sus responsabilidades, incluida la condena a su historia. Sólo así será creíble que no hay tutela de los pistoleros.